Un petrolero varado en el Golfo Pérsico recibió en los últimos días una propuesta tan insólita como reveladora del nuevo orden que se está imponiendo en el estrecho de Ormuz. Tras semanas fondeado mientras misiles y drones cruzaban el cielo, el buque podría finalmente zarpar bajo escolta de la Armada iraní. A cambio, debía cambiar su registro y navegar bajo bandera de Pakistán.
La oferta, impulsada desde Islamabad, no llegó a materializarse, informa Bloomberg. Irán había accedido a permitir el paso seguro de hasta 20 buques paquistaníes, pero el país apenas cuenta con flota suficiente en la zona. Ante esa limitación, Pakistán inició contactos con grandes comercializadores de materias primas para “reconvertir” temporalmente petroleros extranjeros y facilitar su tránsito por el estrecho.
La iniciativa ilustra hasta qué punto la Guardia Revolucionaria de Irán ha pasado a controlar de facto el tráfico marítimo en el principal cuello de botella energético del planeta, por donde en condiciones normales circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial y del gas natural licuado.
Un peaje informal que se convierte en sistema
Fuentes del sector naviero y funcionarios con conocimiento directo de las negociaciones aseguran que la Guardia Revolucionaria no solo filtra los buques, sino que está cobrando peajes y otorgando trato preferente a países considerados “amigos”, mientras amenaza con atacar a aquellos vinculados a potencias hostiles.
El esquema empieza a institucionalizarse. El Comité de Seguridad Nacional de Irán ha aprobado un proyecto de ley para imponer tarifas en Ormuz, según la agencia Fars. En la práctica, ya opera un sistema semiformaI: los armadores deben contactar con una empresa intermediaria vinculada a la Guardia, facilitar datos completos del buque, propiedad, bandera, carga, destino, tripulación y señal AIS, y someterse a una verificación de seguridad.
El expediente se remite al mando naval de Hormozgan, que evalúa posibles vínculos con Israel, Estados Unidos u otros países considerados enemigos. Si el buque supera el filtro, comienzan las negociaciones económicas.
Según varias fuentes, Irán aplica una clasificación de países del uno al cinco. En el caso de los petroleros, el precio inicial ronda 1 dólar por barril, abonado en yuanes o stablecoins. Para un superpetrolero con capacidad cercana a los dos millones de barriles, el coste puede superar los dos millones de dólares por travesía.
Una vez cerrado el acuerdo, la Guardia emite un código de autorización y define la ruta. El buque debe navegar bajo la bandera del país que ha negociado el paso, en algunos casos incluso cambiando su registro, y es escoltado por patrulleras iraníes a través de un corredor cercano a la costa que en el sector ya se conoce como “la caseta de peaje iraní”.
Legalidad en duda y riesgos crecientes
La base legal de este sistema es, como mínimo, discutida. Irán sostiene ante la Organización Marítima Internacional que actúa en ejercicio de su derecho a la autodefensa, restringiendo el paso a buques vinculados a “agresores”. Sin embargo, expertos en derecho marítimo consideran que imponer tarifas en un estrecho internacional carece de respaldo jurídico.
“El argumento iraní es que inspeccionar buques forma parte de su defensa, pero desde la perspectiva del derecho internacional esto no es legal”, señala Jason Chuah, profesor de derecho comercial y marítimo en la City University de Londres.
Para los armadores, el dilema es complejo: pagar podría suponer violar sanciones de EE.UU., la UE o Reino Unido, dado que la Guardia Revolucionaria está incluida en listas negras; no pagar implica exponerse a ataques o bloqueos.
A este riesgo se suma el encarecimiento extremo de los seguros. Varias embarcaciones han sido alcanzadas en las últimas semanas. El 31 de marzo, un petrolero kuwaití fue impactado por un dron cerca de Dubái, provocando un incendio. Las promesas de escolta por parte de Estados Unidos aún no se han materializado y las garantías públicas no han logrado calmar a los armadores.
Un estrecho cerrado a medias
Pese a todo, los datos de seguimiento muestran un ligero repunte del tráfico en la última semana, aunque todavía muy por debajo de los niveles previos a la guerra iniciada el 28 de febrero tras los ataques de EE.UU. e Israel sobre Irán.
En paralelo, Irán y Omán están trabajando en un protocolo para “supervisar y coordinar” el tránsito por el estrecho, según la agencia estatal IRNA. Teherán insiste en que estas medidas no buscan restringir el paso, sino “facilitar y garantizar la seguridad”.
El anuncio tuvo un efecto inmediato en los mercados: las bolsas estadounidenses, que cotizaban a la baja, giraron al alza, mientras el petróleo moderaba las fuertes subidas de la jornada ante la expectativa de una reapertura parcial del corredor.
Sin embargo, el cierre de Ormuz ya ha desencadenado un shock energético global. El precio del crudo se ha disparado y la gasolina en Estados Unidos ha superado los 4 dólares por galón tras subir más de un 30% en un mes, pese a que Washington sostiene que su dependencia directa del estrecho es limitada.
Equilibrio inestable
La existencia de un sistema de paso seguro no implica una reducción real del riesgo. Al contrario, según expertos en seguridad, su eficacia depende precisamente de que Irán mantenga la capacidad de amenazar el tráfico marítimo.
“Para que este modelo funcione, Teherán necesita seguir demostrando que puede atacar petroleros”, explica Basil Germond, de la Universidad de Lancaster. “La credibilidad del sistema depende de esa amenaza”.
Mientras tanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que busca poner fin al conflicto en un plazo de dos o tres semanas, aunque ha condicionado cualquier alto el fuego a la reapertura del estrecho. Sobre el terreno, sin embargo, los ataques continúan.