Argentina quiere convertir la ciudadanía en una nueva vía para atraer inversión y capital extranjero. El Gobierno de Javier Milei ha presentado este viernes en París su Programa de Ciudadanía por Inversión, un mecanismo que permitirá a extranjeros solicitar la nacionalidad argentina tras realizar una aportación económica. La vía de entrada partirá de 350.000 dólares, aunque habrá una segunda alternativa mediante la compra de un título público por 800.000 dólares. El programa comenzará a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026.
Este plan consiste en conceder, como decimos, la ciudadanía como contraprestación por la realización de inversiones de un importante nivel económico. Los cálculos más recientes estiman que esta estrategia podría captar alrededor de 2.500 millones de dólares en los próximos cinco años y sitúan la iniciativa en un contexto especialmente relevante para las finanzas argentinas: el país afronta unos 29.000 millones de dólares de vencimientos de deuda en dólares hasta 2027.
Los requisitos, en este sentido, resultan relativamente sencillos, aunque tienen una serie de plazos y aspectos burocráticos. La primera opción consiste en realizar una aportación directa y no reembolsable de 350.000 dólares al Tesoro Nacional, lo que se podría interpretar como una compra directa de la nacionalidad, mientras que la segunda establece la suscripción de un título público de 800.000 dólares creado específicamente para el programa, aunque por ahora no se conocen los pormenores.
La fórmula incluye también a los familiares del inversor en cuestión. El cónyuge y los hijos de entre 18 y 25 años podrán solicitar la ciudadanía mediante una aportación adicional de 100.000 dólares por persona, siempre que sean solteros y no tengan hijos a su vez. En el caso de los menores de 18 años, la cantidad será de 25.000 dólares. Con estas condiciones, una familia formada por un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores- el ejemplo que ha puesto el Gobierno de Milei-podría acceder al procedimiento por un total de 500.000 dólares.
No tan fácil
Aunque el concepto suena sencillo, el Estado argentino, naturalmente, se arroga la capacidad de no admitir estos fondos. Y es que, si bien la aportación es obligatoria, esto no implica una concesión directa, sino que inicia un proceso administrativo y de vigilancia.
Según hemos podido conocer, la Dirección Nacional de Migraciones será la encargada de decidir si concede o rechaza cada solicitud después de recibir el informe elaborado por la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión.
El mecanismo tiene su origen en una reforma aprobada por Milei en 2025. El Decreto 366/2025 modificó la Ley de Ciudadanía para establecer una nueva vía de naturalización para extranjeros que acrediten haber realizado una «inversión relevante», con independencia del tiempo que hayan residido en Argentina. La norma creó además la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, dependiente del Ministerio de Economía, con la misión de diseñar, gestionar y controlar estos programas.
La legislación dejó inicialmente en manos del Ministerio de Economía la definición de qué inversiones debían considerarse relevantes. Dos meses después, el Decreto 524/2025 estableció el procedimiento que debía seguirse para evaluar a los solicitantes.
Una vez que se hayan realizado el informe y la revisión adecuada de la solicitud de nacionalidad, el organismo dispone de 30 días para determinar si esta es admitida o no. Por ello, aunque el anuncio del presidente ha sido relativamente expansivo, lo cierto es que no es tan sencillo como aportar una cantidad monetaria.
Argentina se suma así al reducido grupo de países que utilizan la ciudadanía como reclamo para atraer capital extranjero, siendo el primer caso en Sudamérica aunque el modelo está especialmente extendido en el Caribe, donde Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía ofrecen vías basadas en contribuciones económicas no reembolsables a fondos públicos.