La Comisión Europea ha advertido al Gobierno español de que la rebaja del IVA a los combustibles fósiles hasta el 10% no se ajusta a la normativa comunitaria. Bruselas trasladó este mensaje al Ejecutivo de Pedro Sánchez en una carta remitida a finales de marzo, en la que cuestiona la legalidad de esta medida adoptada para mitigar el impacto del encarecimiento energético derivado de la guerra en Oriente Próximo, según avanza El País.
La reducción del IVA forma parte del paquete de medidas aprobado por el Gobierno el pasado 20 de marzo para hacer frente al encarecimiento energético provocado por el conflicto en Oriente Próximo. Desde el Ministerio de Hacienda, ahora encabezado por Arcadi España, admiten haber recibido la advertencia de Bruselas, aunque defienden la iniciativa al tratarse de una actuación puntual y limitada en el tiempo. De hecho, el Ejecutivo mantiene su intención de aplicar la rebaja al menos hasta el 30 de junio, sin contemplar por ahora una rectificación pese al toque de atención europeo.
Sin embargo, ese margen de actuación también es reducido. España ya ha ajustado estos impuestos hasta los niveles mínimos que permite la normativa comunitaria en productos como la gasolina y el diésel, además de aplicar rebajas a otros combustibles como el gas natural, el queroseno o el fuelóleo. Esta medida tiene un impacto estimado de unos 656 millones de euros, lo que deja poco recorrido adicional por esta vía.
En paralelo, el recorte del IVA implicará una merma recaudatoria cercana a los 507 millones de euros hasta finales de junio. En conjunto, el plan de ayudas diseñado para amortiguar el impacto de la crisis energética supera los 5.000 millones de euros.
Más allá del debate jurídico, en la Comisión Europea existe también una preocupación de fondo: abaratar los combustibles fósiles puede terminar incentivando su consumo. Tanto el comisario de Energía, Dan Jorgensen, como la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, han venido advirtiendo a los Estados miembros de que eviten medidas que refuercen la dependencia de estas fuentes y, en su lugar, impulsen el ahorro energético y la electrificación.
Por ello, Bruselas se muestra más favorable a medidas fiscales con un enfoque estructural que contribuyan a la transición energética, como aquellas relacionadas con la producción eléctrica o las redes de distribución. No obstante, estas políticas también se enfrentan a un contexto fiscal cada vez más exigente tras las sucesivas crisis de los últimos años, que han elevado la deuda pública y reducido el margen presupuestario de los Estados.
En este escenario, la Comisión sigue descartando por ahora flexibilizar las reglas fiscales, como reclaman algunos países como Italia, lo que limita la capacidad de los gobiernos para aprobar nuevos paquetes de estímulo sin exponerse a sanciones. Desde Bruselas insisten en que la situación actual no justifica activar las cláusulas excepcionales previstas para episodios de recesión severa.
Este contexto también ayuda a entender la cautela con la que se ha recibido la propuesta impulsada por varios países, entre ellos Españ, para gravar los beneficios extraordinarios de las energéticas. La Comisión confirma que está analizando la iniciativa, aunque advierte de que este tipo de medidas no garantiza ingresos inmediatos suficientes para sostener una respuesta eficaz frente a la crisis.