La Seguridad Social vuelve a ganar peso en las cuentas públicas. La última transferencia aprobada por el Consejo de Ministros ha elevado por encima de los 42.000 millones de euros las aportaciones del Estado al sistema de enero a octubre de 2026, superando ya las registradas en el mismo periodo del año anterior.
El Estado transfirió a la Seguridad Social 41.199 millones de enero a octubre de 2025, mientras que en el mismo periodo de este año (quitando de la ecuación septiembre y octubre ya que aún no se ha hecho públicos los documentos de la ejecución de los ingresos y gastos de ambos meses) se han traspasado, al menos, 40.185,7 millones. A esta última cifra hay que sumarle una transferencia de 2.090 millones que se autorizó en la última reunión del Consejo de Ministros. En total, serían 42.275,7 millones. Por tanto, se trata de un incremento del 2,6% interanual.
Además, según consta en el informe del mes de agosto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para el 2026 el presupuesto total previsto para las transferencias del Estado a esta cartera era de 38.688,51 millones. No obstante, en el octavo mes del año ya se había empleado un 3,8% más. Es más, si se tiene en cuenta la transferencia aprobada el pasado martes en el Consejo de Ministros sería un 9,2% más. Cabe mencionar que en 2025, el Gobierno transfirió un total de 47.815,4 millones adicionales, un 11% más que el año anterior para costear las prestaciones.
El sistema de pensiones se financia a través de dos vías diferenciadas. Las prestaciones contributivas, como las pensiones de jubilación, viudedad o incapacidad permanente, deben sufragarse fundamentalmente con las cotizaciones sociales. Por el contrario, las no contributivas y de carácter universal se financian mediante aportaciones del Estado con cargo a los Presupuestos Generales, según recoge la Ley General de la Seguridad Social.
En este contexto, Moncloa autorizó dicha transferencia para cumplir el compromiso de que el Estado asuma progresivamente los gastos de naturaleza no contributiva. La medida se enmarca en las transferencias previstas en los Presupuestos Generales del Estado y responde al objetivo de descargar a las cotizaciones sociales de costes ajenos a las prestaciones contributivas, una de las principales recomendaciones del Pacto de Toledo para clarificar las fuentes de financiación del sistema.
La factura de las pensiones se incrementa año tras año por distintos motivos. En concreto, por un mayor número de beneficiarios ya que la generación del ‘baby boom’ está empezando a jubilarse, el aumento de la pensión media al retirarse del mercado con carreras de cotización más largas y mejores bases salariales y la revalorización de las pensiones con el IPC. De hecho, todo apunta a que las pensiones subirán alrededor de un 3,5%, a falta de conocer los datos del IPC de octubre y de noviembre.
A estos factores hay que sumarle el componente más relevante: la falta de unos Presupuestos Generales del Estado actualizados desde 2023. El Gobierno de Pedro Sánchez no ha superado la votación del techo de gasto en el Congreso de los Diputados, el paso previo a los Presupuestos Generales del Estado. Desde entonces, las cuentas han permanecido prorrogadas.
La ausencia de unos presupuestos limita el margen del Ejecutivo para aumentar de forma ordinaria la financiación destinada al sistema de pensiones. En este contexto, el refuerzo de los recursos de la Seguridad Social se está canalizando principalmente mediante transferencias del Estado y, en algunas ocasiones, préstamos extraordinarios. Se trata de mecanismos que permiten cubrir el creciente gasto sin necesidad de aprobar nuevas partidas presupuestarias.
De hecho, en la penúltima reunión del Consejo de Ministros –que tuvo lugar el pasado 20 de octubre– se autorizó un préstamo de unos 10.000 millones a la Tesorería General de la Seguridad Social, que ya venía consignado en los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Desde entonces, esta operación se repite anualmente, especialmente en los meses de noviembre y diciembre, cuando se abona también la paga extraordinaria. Se trata de un crédito que no contiene tipos de interés y que la autoridad deberá devolver en un plazo de diez años, según recoge la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado.
Un gasto en ascenso
La previsión de las autoridades y de los economistas es que el gasto en pensiones, tanto contributivas como no, mantenga una senda ascendente. Es más, el departamento de Elma Saiz estima que la factura se incrementará hasta situarse en torno al 15,3% del PIB en 2050. Asimismo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) maneja una previsión más elevada y prevé que alcance el 16,4% del PIB ese año.
El gasto de las prestaciones alcanzó los 194.815 millones de euros en 2025, un 6% más que el año anterior (183.735 millones), encadenando así un nuevo máximo histórico. Aunque el desembolso continúa creciendo, la tasa de aumento se ha moderado respecto a ejercicios anteriores, ya que en 2024 el incremento fue del 7% y en 2023 llegó al 11%, pasando de los 154.963 millones en 2022 a los 171.735 millones ese año.
La mayor parte del gasto correspondió a las prestaciones contributivas. Estas sumaron 182.526 millones en 2025 y representaron alrededor del 94% del total. Las prestaciones no contributivas, por su parte, ascendieron a 12.288 millones. Los datos de ejecución de 2026 muestran que hasta agosto la Seguridad Social ya había desembolsado 132.728 millones en prestaciones, de los que 123.762 millones se destinaron a las contributivas y 8.966 millones a las no contributivas.
Si se analiza el volumen de beneficiarios de pensiones contributivas –que son las que presentan un mayor volumen-, entre 2022 y 2025 se mantuvo una trayectoria ascendente. La nómina media anual pasó de 9,94 millones de prestaciones en 2022 a 10,05 millones en 2023, 10,19 millones en 2024 y 10,35 millones en 2025. Supone un incremento acumulado de más de 411.000 nóminas en apenas tres años. Cabe mencionar que en octubre de 2026, la Seguridad Social abonó 10,6 millones de prestaciones.
Las pensiones de jubilación, que concentran la mayor parte del sistema, aumentaron desde 6,25 millones en 2022 hasta 6,59 millones en 2025, consolidándose como el principal factor detrás del incremento del número total de prestaciones.