Las oficinas de empleo solo encuentran trabajo a 7 de cada 1.000 demandantes al mes, menos de la mitad que en 2007

Las oficinas de empleo solo encuentran trabajo a 7 de cada 1.000 demandantes al mes, menos de la mitad que en 2007

Muy pocos de quienes se inscriben en los servicios públicos de empleo lo hacen con garantías de encontrar su próximo trabajo gracias a ellos. En octubre, solo 7 de cada 1.000 demandantes consiguieron un puesto con una oferta gestionada por sus oficinas, menos de la mitad que en el mismo mes de 2007, antes de la crisis financiera. Y en el último año la proporción ha retrocedido: hace doce meses eran casi 9 de cada 1.000.

La denominada intermediación directa no es el único indicador de la eficacia de las políticas activas que gestionan las comunidades autónomas (salvo en Ceuta y Melilla, donde la competencia es estatal), que también incluyen formación y planes de orientación. Pero sí es el más claro para parados y empresas, y la serie histórica de la Estadística de Empleo del SEPE refleja que su deterioro viene de lejos.

En octubre de 2007, 15,36 de cada 1.000 demandantes se colocaban por esta vía. El desplome de la ocupación redujo esa tasa de colocación a 4,32 en 2012, y la recuperación la elevó a 8,36 en 2019, el último año antes de la pandemia, y a 8,62 en 2022, ya con la reforma laboral de 2021 en vigor. Esta última juega un papel relevante, como veremos.

En febrero de 2023 se aprobó una nueva Ley de Empleo, diseñada para mejorar la eficiencia de las políticas activas y reforzar la cartera de servicios garantizados a quienes buscan trabajo. En octubre de ese año, la tasa bajó a 7,87. El año pasado alcanzó 8,69, el mejor dato de ese mes desde 2009, pero en octubre de 2026 se ha quedado en 7,28: 30.635 colocaciones para 4,21 millones de inscritos. Es un 16,2% menos que hace un año y un 52,6% menos que en 2007. El retroceso del último año, eso sí, se concentra en septiembre y octubre: en el conjunto de los últimos doce meses, la tasa media apenas ha bajado un 1,2%.

Llamamientos sin oferta

La reforma laboral limitó los contratos temporales, y las empresas sustituyeron los que encadenaban campaña tras campaña por fijos discontinuos: los contratos de este tipo han pasado de 21.903 al mes en 2019 a 184.869 en los últimos doce meses, 8,4 veces más. ¿Qué tiene que ver esto con la tasa de colocación de las oficinas de empleo? Al empezar cada campaña, la empresa los reincorpora con un llamamiento, sin oferta ni contrato nuevo. Por eso el SEPE contabiliza desde mayo de 2022 más colocaciones que contratos registrados, una diferencia que en los últimos doce meses ha sido de 388.437 al mes. Y ninguna de esas reincorporaciones pasa por la oficina.

Esto afecta a la intermediación por dos vías. La primera es que las listas se llenan de personas que ya trabajan . Los demandantes con relación laboral, que tienen un contrato en vigor y por eso no figuran como parados, eran 102.631 en 2007 y 239.701 en 2019, el 5,4% del total. En septiembre de 2026 son 802.580, el 19,1%, y explican casi 700.000 de los 1,19 millones de inscritos más que antes de la crisis financiera, frente a 362.142 parados. Muchos son fijos discontinuos que mantienen la inscripción mientras esperan el llamamiento, aunque el SEPE no distingue cuántos ni si buscan otro empleo. El colectivo ya se disparó en 2020, hasta el 21,7% del registro, cuando los trabajadores en ERTE figuraban como demandantes con relación laboral, pero aquel salto se deshizo con el final de los expedientes.

Su presencia rebaja la tasa de colocación sin que cambien las oportunidades de quien busca trabajo: la tasa se calcula sobre todos los demandantes, no solo sobre los parados, y estos inscritos cuentan en ese total pero no entre las colocaciones que gestiona la oficina. Con ese cálculo, la tasa de octubre queda un 12,9% por debajo de la de 2019. Pero las oficinas colocaron entonces a 36.848 personas y en octubre de 2025 a 36.227, prácticamente las mismas. Lo que cambió es que los inscritos sin relación laboral, entre los que se reparten esas colocaciones, bajaron de 4,17 a 3,43 millones con la caída del paro.

Calculada solo sobre ellos, la tasa llegó en octubre de 2025 a 10,57 por cada 1.000 y se sitúa este octubre en 8,99, un 1,7% por encima de la de 2019. Esa subida no significa que las oficinas coloquen a más gente, y se trata además de una cifra máxima: la estadística no indica si quien se coloca ya tenía empleo, y con casi uno de cada cinco inscritos trabajando, parte de esas colocaciones puede ser suya. Para quien no tiene trabajo, por tanto, las opciones de encontrarlo por esta vía no han empeorado desde antes de la pandemia. El descenso de octubre, en cambio, se produce con cualquier medida: sin los demandantes con relación laboral, la tasa cae un 14,9% respecto al mismo mes de 2025.

La segunda vía es que la reforma ha restado ofertas a las oficinas. Las campañas agrícolas que antes se cubrían con temporeros contratados a través de ellas se resuelven ahora con llamamientos. En el conjunto de España, la proporción de vacantes agrarias cubiertas ha caído del 98,0% en 2019 al 61,4% en los últimos doce meses, y en Andalucía los puestos del campo cubiertos han bajado de 750 al mes a 254, un 66,1% menos.

Una obligación sin reglamento

Lo que llega a las oficinas depende, además, de la voluntad de las empresas. La Ley de Empleo de 2023 recogió la obligación de comunicar las vacantes a los servicios públicos, una medida que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) llevaba reclamando desde 2019, cuando calificó de “marginal” el papel de las oficinas en el ajuste entre oferta y demanda. Pero la norma dejó esa obligación pendiente de un reglamento que el Gobierno no ha aprobado, y no prevé sanciones para quien la incumpla. En la práctica, comunicar una vacante sigue siendo voluntario, y las empresas acuden a la oficina cuando les resulta útil y la abandonan antes que otros canales cuando la contratación cae.

Así, a las oficinas llegan muchas menos ofertas que antes de la crisis. En octubre, empresas y administraciones comunicaron 46.867 vacantes, un 49% menos que en el mismo mes de 2007, mientras el número de inscritos ha crecido un 39,5%: hoy hay 11,1 puestos ofertados por cada 1.000 demandantes, cuando entonces había 30,5. Medida solo sobre los parados, la escasez es igual de clara, con 19,7 vacantes por cada 1.000, frente a 45,6 en 2007. El descenso de los dos últimos meses también se debe a que llegan menos ofertas: un 11,0% menos en septiembre y un 12,9% menos en octubre que un año antes, sin que los datos aclaren por qué.

Las vacantes que sí pasan obligatoriamente por la oficina son las de los planes públicos de empleo, que deben seleccionar allí a sus trabajadores, y esas se cubren casi todas. En los últimos doce meses, la Administración pública ha ocupado el 93,2% de los puestos que comunicó, mientras en el resto de sectores la proporción ha bajado al 61,5%, frente al 71,0% de media en 2019.

La misma ley prevé la publicación de una tasa oficial de intermediación, cuyo reglamento debe aprobarse en el primer trimestre de 2027. Hasta entonces, no existe ningún indicador oficial que mida cuántas personas consiguen un puesto gracias al servicio en el que se inscriben.

Dos comunidades acaparan la mitad de los puestos

En Extremadura, 35,77 de cada 1.000 demandantes encontraron trabajo en octubre a través de la oficina, trece veces más que en Cataluña, con 2,71. Le sigue Andalucía, con 10,89. Entre las dos reúnen el 50,9% de estas colocaciones con el 27,6% de los inscritos. En el resto de España, la tasa se queda en 4,93 por cada 1.000, un 23,9% menos que en octubre de 2025.

La ventaja de ambas comunidades procede de la contratación pública. El programa de fomento del empleo agrario, regulado en 1997, financia obras de ayuntamientos y otras administraciones en Andalucía, Extremadura y las zonas rurales deprimidas con una condición: pedir los trabajadores a la oficina con quince días de antelación. Los proyectos se dividen en fases para que los peones trabajen unos quince días cada uno, así que cada obra genera muchos contratos cortos que se registran y cubren por esa vía. Los planes municipales siguen el mismo circuito.

Por eso la Administración pública y la construcción suponen el 86,2% de los puestos que cubren las oficinas andaluzas. Sin esas dos actividades ni la agricultura, Andalucía cubrió en los últimos doce meses un 65,1% menos de puestos por cada 1.000 demandantes que el resto de las comunidades.

Ambas comunidades confirman que las oficinas de empleo solo funcionan como intermediaria allí donde la ley obliga a pasar por ella, en los planes municipales y en las obras del programa agrario. Las empresas privadas, en cambio, le confían muchas menos vacantes que antes de la crisis financiera, y las que comunican se cubren cada vez peor.

A esa debilidad se suma una estadística que, desde la reforma laboral, confunde cada vez más en las estadísticas a quienes buscan trabajo con quienes esperan el llamamiento de su empresa. Si la tasa oficial de intermediación que prepara el Gobierno no separa la contratación de los programas públicos, la reincorporación de los fijos discontinuos y los cambios en quién figura inscrito, seguirá sin reflejar lo que consiguen realmente los servicios de empleo para quien busca un puesto más allá de una raquítica ratio de colocaciones.

WhatsApp

Facebook

Twitter

Linkedin

Bluesky

Te podría interesar