La tercera reunión entre el Gobierno y los agentes sociales para negociar la subida del SMI de 2026 concluye con una nueva propuesta del Ministerio de Trabajo para tratar de cerrar un acuerdo a tres. El equipo de Yolanda Díaz ha planteado crear un incentivo fiscal en el Impuesto de Sociedades para las empresas que se vean afectadas por el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a cambio de mantener la plantilla y elevar los salarios por encima de este umbral, según confirman fuentes de la negociación. Esta sería la alternativa al cambio en la Ley de Desindexación que habían demandando los empresario. En todo caso, el Gobierno subirá el SMI un 3,1%, hasta los 1.221 euros.
Yolanda Díaz tenía previsto dar por concluidas estas conversaciones el pasado 15 de enero, si bien, decidió darse unos días de margen para explorar con el Ministerio de Hacienda las fórmulas legales que permitirían revisar los contratos adquiridas por las administraciones públicas con empresas del sector privado para adaptarlos a la subida del salario más bajo. En los últimos años, tanto empresas como sindicatos habían denunciado los problemas que estaba acarreando la regulación adoptada en 2015, en un contexto de crisis económica, que impedía repercutir estos incrementos de costes. Sin embargo, la alternativa puesta sobre la mesa serviría a todas las empresas que tengan una parte importante de la plantilla vinculada a este sueldo, aunque no presenten servicios al Sector Público.
El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha señalado que con esta nueva oferta ya han puesto sobre la mesa de negociación todos los elementos a tratar para aplicar la subida del 3,1% que había planteado el grupo asesor del ministerio. Así, citará a los representantes de CEOE, Cepyme, UGT y CCOO el próximo jueves para que fijen su posición definitiva, cuando Trabajo espera poder cerrar el primer acuerdo a tres para la subida del SMI desde el año 2020. No obstante, por el momento esto no parece probable, en tanto que Trabajo mantiene su intención de llevar a cabo para evitar que se recorten o eliminen los complementos de los trabajadores, un cambio que las empresas rechazan, como evidencia que habían vinculado su apoyo a la subida a que esta práctica no se impidiera.
El Gobierno emplea el porcentaje más bajo ofrecido por los ‘expertos’, el 3,1% que hacía referencia a la inflación del mes de octubre y que implica un incremento de 37 euros al mes respecto al SMI actual. Además, garantiza que este nivel salarial quedará exento de tributación, como ha ocurrido hasta ahora y que para ello se aprobará una deducción por la que estos trabajadores recuperarán lo que se les haya retenido durante el año al hacer la declaración de la Renta. Por último, plantea esta nueva bonificación en el Impuesto de Sociedades, vinculado a mantener la plantilla y elevar los salarios en los próximos años por encima de este salario mínimo, con el fin de impulsar sus tablas salariales.
Esta fórmula, avanzada por ‘La Vanguardia’ y que han confirmado después los representantes de los sindicatos, se concretará en los próximos días por lo que todavía no se ha cerrado la negociación del próximo SMI. El secretario de Acción Sindical de CCOO, Javier Pacheco, ha explicado que el Gobierno ha presentado una “propuesta conceptual” en la que identifican varias lagunas y a la que le falta concreción. El portavoz sindical ha expresado sus dudas respecto a las garantías jurídicas que habría sobre el compromiso de elevar más los salarios en los años siguientes, “no sea que se produzca un proceso de deducción fiscal pero no se garantice que se repercuta a los incrementos salariales”.
La secretaria de Salud Laboral de UGT, Patricia Ruiz, también ha expresado estas dudas además de hacer referencia a que esta nueva propuesta no puede dilatar el aumento del SMI, que entienden que ya debería haberse producido. “Las organizaciones empresariales no pueden utilizar esta nueva propuesta para seguir bloqueando o dilatando una necesidad de las rentas más vulnerables” ha expresado tras el encuentro mantenido este lunes, asegurando que este debate debe quedar zanjado esta misma semana, sea cual sea la posición que adopten los empresarios.
El problema denunciado por los agentes sociales se localiza en las leyes de Contratos del Sector Público y de Desindexación, no obstante, dada la arquitectura parlamentaria actual en la que el Gobierno se encuentra en minoría, Trabajo decidió intentar el cambio a través de un reglamento -que solo tendría que pasar por el Consejo de Ministros- si Hacienda encontraba un resquicio legal para hacerlo. Sin embargo, desde la cartera de María Jesús Montero reconocían la dificultad de hacerlo por esta vía y desde el ámbito empresarial se descartaba que pudiese repararse esta situación sin impulsar una ley. Con esta oferta, el Gobierno parece constatar que existía este impedimento formal.
El Gobierno ha reiterado que su intención es que el SMI suba cuanto antes, en tanto que al solo tener que actualizar la cifra del real decreto del año pasado, será aprobado en Consejo de Ministros sin necesidad de pasar por otros trámites como el informe del Consejo de Estado. Con este incremento, se anotaría una subida acumulada del 65% con los gobiernos de Pedro Sánchez y que en su gran parte no ha contado con el respaldo de los empresarios. En 2018 el SMI estaba situado en 735 euros al mes y desde febrero de 2025 se sitúa en 1.184 euros, desde los que crecerá a 1.221 euros mensuales.