El Consejo de Ministros dará este martes el primer paso para poner en marcha el fondo soberano España Crece que anunció el presidente Pedro Sánchez en el mes de enero, con el fin de canalizar inversión pública y privada una vez se acaben los fondos europeos Next Generation. El Gobierno tiene el objetivo de movilizar hasta 120.000 millones de inversión público-privada, aunque partirá de 10.500 millones procedentes del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esta semana se dará el primer paso al dar la orden al Tesoro Público de transferir el capital que gestionará el ICO, según ha adelantado ‘El País’.
El jefe del Ejecutivo presentó este brazo inversor como “un ejercicio de soberanía nacional” con el que pretenden conseguir inversiones mediante préstamos, avales o instrumentos de capital junto en sectores como vivienda, energía, digitalización, IA, reindustralización, economía circular, infraestructuras de agua, saneamiento o seguridad, con la meta de impulsar la productividad del país. Precisamente la defensa sería una de las ramas prioritarias, a la que no se destinaron fondos europeos tras la pandemia. Sánchez concretó que movilizará hasta 23.000 millones de financiación público-privada para impulsar la oferta de vivienda asequible.
Una parte de los fondos con los que comenzará a trabajar el ICO partirán directamente de los fondos restantes de las transferencias de fondos europeos, mientras que los 10.500 millones señalados por Sánchez tendrán origen en los créditos del mismo plan de recuperación, que serán trasladados al mercado por el ICO para conseguir hasta 60.000 millones de euros y después buscará inversores privados para elevar su capacidad de movilización hasta los 120.000 millones de euros.
Como ya explicó elEconomista.es, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) separará el perímetro del fondo “España Crece” de su actividad ordinaria para evitar ventajas cruzadas y garantizar la máxima transparencia en la gestión. Este vehículo, rebautizado por el Gobierno como fondo soberano, operará como una cartera diferenciada, con cuentas y balances propios, al igual que la actividad habitual del organismo. No habrá una escisión societaria ni que disponga de una gobernanza separada. Las decisiones sobre su estrategia de inversión y financiación recaerán en el consejo de administración del ICO, cuya independencia ya ha sido avalada por la Comisión Europea.