La presente década marca, a escala global, un hito ya destinado a quedar grabado en los anales de los estudios sociológicos: nunca antes el número de personas que tienen 65 o más años de edad había superado en número a aquéllas que cuentan con cinco o menos años. Los economistas del Banco Mundial señalaron recientemente este hecho como un acontecimiento histórico por sí mismo.
Pero su verdadera relevancia estriba en que constituye solo el primer acto de la verdadera revolución que vivirá la especie humana, desde el punto de vista demográfico. Será en torno a 2050 cuando habrá más personas de 65 o más años que niños y que jóvenes entre 15 y 24 años sumados los integrantes de estos dos últimos grupos, un escenario que carece de todo precedente siquiera comparable.
Ese será el resultado de uno de los mayores éxitos logrados por la Humanidad al extender la esperanza de vida a niveles que parecían aún optimistas a mediados del siglo XX. No obstante, un cambio tectónico tan profundo en la estructura social, especialmente en la propia de los países occidentales, hará saltar las costuras del Estado del Bienestar tal y como se definió en nuestro continente una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Así ocurrirá en aspectos cruciales como la definición de sus prioridades de gasto e inversión (especialmente en Europa), con un segmento de la población se verá inevitablemente desplazado: el correspondiente a los jóvenes.
Puede que los más destacados políticos mundiales se enzarcen aún en discusiones sobre si los culpables de las revueltas juveniles, de injustificable violencia, que sufre Europa son la “inmigración descontrolada” (como aseguró Donald Trump) o “el resurgir de la extrema izquierda antisistema” (en palabras de Emmanuel Macron, poco antes de conocerse de la macroprotesta que tendrá lugar hoy en París).
La única certeza, no obstante, es que este movimiento sísmico en la estructura demográfica global se erige como el telón de fondo de un descontento social ya iniciado por una crisis de vivienda que ha abierto un abismo generacional como no se ha conocido antes en Europa. Y el proceso comenzó hace décadas.
La OCDE pone de manifiesto que, en el área de los países desarrollados, el 60% de las personas nacidas en torno a 1975 tenía una vivienda en propiedad a los 32 años. Esa proporción bajó al 58% entre la cohorte nacida en 1980 y al hasta el 52% entre quienes nacieron en 1985. Esto supone una diferencia de ocho puntos porcentuales entre las generaciones de 1975 y 1985. Y aún hay más: a los 36 años, el 65% de las cohortes nacidas en 1970 y 1975 tenía vivienda en propiedad, pero la cifra caía al 60% en la cohorte de 1980 y el descenso es todavía más marcado para las personas nacidas con posterioridad.
No se trata únicamente de una cuestión del reparto de la propiedad inmobiliaria. Los analistas de BBVA Research ponen de manifiesto que la dificultad de acceso a la vivienda está directamente relacionada “con las dificultades de los menores de 35 años para moverse en búsqueda de trabajo” y con la imposible viabilidad de proyectos de vida tan básicos, hasta ahora, “como la formación de una familia”.
A la hora de convencer a los más escépticos ante el fenómeno que se avecina existen, incluso, cifras y cómputos notablemente detallados sobre cómo evolucionará el gasto público en cuanto a sus prioridades, con una cadencia claramente desfavorable para los menores de 30 años en el aspecto crucial para ellos desde el punto de vista económico: la inversión en educación, vivienda o transportes.
Golpe a la Educación
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) cuenta con pronósticos hasta 2060 en lo que a nuestro país se refiere. Para analizarlos, conviene situar en un lado las partidas de gasto público con peores expectativas en cuanto a su evolución en las próximas décadas. En tan desafortunado grupo, la primacía corresponde al desembolso en Educación.
El organismo presidido por Inés Olóndriz recuerda que el desembolso destinado a formación alcanzó un máximo, en porcentaje del PIB, del 4,6% en 2020. A partir de entonces empezó un descenso que, de acuerdo con los pronósticos de AIReF lo llevará al 3,5% en 2050.
Expresado en términos más concretos, serán menos recursos para becas y también para afrontar “la transformación digital del sistema, la actualización del profesorado o el incremento de los alumnos con necesidades especiales”, destacan los expertos consultados del organismo supervisor.
Pero donde realmente se calibra su deterioro es en la comparativa de gasto con las partidas de los presupuestos públicos, más directamente vinculados con el envejecimiento poblacional. Es ya sabido que el desembolso en pensiones se incrementará del ya muy abultado 12,9% del PIB hasta el 16,1% de 2050. Expresado en términos absolutos, en millones de euros, el desembolso se cuadruplicará de acuerdo con el Ministerio de Seguridad Social.
Menos conocida, sin embargo, es la evolución del desembolso en Sanidad, que pasará del 6,6% de 2023 al 8% en 2050. En cuanto a los cuidados de larga duración, están abocados a pasar de menos del 1% actual a equivaler al 1,5%.
Sin restar importancia al desequilibrado reparto de los recursos, el economista de CaixaBank Research, Javier García Arenas, pone el acento en otros dos problemas. “La recaudación impositiva va a ser menor como resultado de este proceso”; en ámbitos como el consumo es ya una evidencia entre los economistas que una población más envejecida consume e invierte menos, lo que tendrá repercusiones en la tributación directa e indirecta.
En segundo lugar, García Arenas pone de manifiesto que se producirá un aumento de la deuda pública, capaz de elevar el pasivo en el caso de nuestro país al 130% del PIB en torno a 2050.
El economista y expresidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, Francisco de la Torre, también incide en los problemas que se avecinan para las cuentas públicas, tanto por el lado de los ingresos como de los desembolsos, especialmente ligados al pago de pensiones, “en un mundo que envejece”. “De los 185 países que existen en la actualidad ya solo queda uno, solo uno, que registre altas tasas de natalidad: Chad, en el Sahel africano. Así que, en los próximos años, ni siquiera la inmigración acudirá de nuevo al rescate de países como España“, expone.
Problema incluso sin recesión
Más allá de la Educación y el equilibrio de las cuentas públicas, las malas expectativas para los menores de 30 años en lo que respecta al mercado laboral no son un pronóstico a veinte años vista, sino una realidad. Se trata de un problema a escala europea pese a que el club de los 27, aunque adolece de crecimiento débil, está ahora lejos de atravesar una recesión.
Pese a ello, el recuento más actualizado de Eurostat, relativo al pasado mes de agosto, pone de manifiesto que el desempleo entre los menores de 25 años alcanzó el 15,4% en la Unión Europea, frente al 6,1% de tasa para el conjunto de los trabajadores con los que cuenta el mercado comunitario.
Todo ello no quiere decir que el desempleo no sea un problema para los trabajadores de mayor edad, pero cuentan con redes de protección que no están al alcance de los parados jóvenes. Es el caso del subsidio por desempleo para mayores de 55 años, accesible una vez que estos beneficiarios han agotado la prestación contributiva. Esta ayuda cuenta con una prima en su cotización a la Seguridad Social (superior al 100%, capaz de desincentivar la búsqueda activa de empleo, según han denunciado en repetidas ocasiones la Unión Europea y la OCDE.
El Ministerio de Trabajo intentó eliminar esta cotización bonificada, pero la oposición de Podemos en el Congreso de los Diputados la preservó.
Las estadísticas preocupantes para los jóvenes europeos no se agotan en el mercado laboral. En 2025, el 24,2% de los europeos de entre 15 y 29 años se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social, una proporción superior al 20,9% del conjunto de la población del cada vez más Viejo Continente.
Dentro de este territorio, Francia no solamente sobresale como el país de la UE en el que las revueltas, disturbios y actos de vandalismo provocan los mayores daños. El país vecino se erige ya en una especie de banco de pruebas en el que ya se manifiestan los desequilibrios económicos, ligados al envejecimiento de la población, que otros territorios experimentarán en el futuro.
Nadie duda ya de que el gasto público de Francia –que según los últimos datos de Eurostat alcanzó el 57,2% del PIB– es el más alto de toda Europa (región que ya cuenta de media con el mayor gasto público del mundo) junto con Finlandia.
¿Cómo se distribuye ese desembolso? Su reparto está profundamente marcado por el hecho de que entre el 47% y el 48% de la población francesa reside en un hogar cubierto por al menos una prestación legal y pública.
La evolución histórica de la estadística es también muy reveladora. En 1995, la protección social y la Sanidad representaban el 53,1% de todo el gasto público. En 2024, ese porcentaje había escalado hasta el 58,7% y las previsiones apuntan al 59,7% en 2026. Dicho de otro modo, prácticamente seis de cada diez euros que gasta el Estado francés se destinan ya a pensiones, prestaciones por desempleo, ayudas familiares, subsidios de vivienda, asistencia sanitaria y otros mecanismos de protección social.
Una evolución así solo es posible si hay otras partidas que el sector público que salen perdiendo. Entre 1995 y 2024, el peso conjunto de educación, defensa y orden público cayó del 15,2% al 13,7% del gasto total. El transporte sufrió un retroceso todavía más pronunciado, desde el 5,3% hasta el 3,8% que presenta en la década actual.
Así ocurre aun cuando Francia no está (todavía) en el Top 3 de los países europeos que cuentan con una población más envejecida. De acuerdo con Eurostat, su porcentaje de mayores de 65 años es del 21,9%. Por encima se encuentran Italia (con el 24,7%), Portugal (24,3%) y Alemania, con el 22,7%.
En lo que respecta a España, se encuentra en el tramo medio de la tabla con un 20,7% de personas en esa franja de edad.