España vivirá la semana próxima, por primera vez en más de una década, una huelga general. Se plantea así una oportunidad irrepetible para los sindicatos mayoritarios a la hora de recuperar peso específico en el ámbito político y económico de nuestro país. Y es grande la tarea que tanto UGT como CCOO tienen por delante. De acuerdo con los datos de la OCDE y la UE, recopilados por Funcas, la afiliación a dichas organizaciones ha bajado hasta el 12,5% del total de trabajadores (con datos cerrados al cierre de 2024). Se sitúa así en mínimos de este siglo y ha mostrado descensos incluso en la presente década, bajo los Gobiernos de izquierdas encabezados por Pedro Sánchez.
Debido a estos retrocesos, el porcentaje de afiliados a las centrales se sitúa cinco puntos por debajo de la media europea. Pero las diferencias son mayores si se desciende al detalle de los países. Desde este punto de vista la realidad de España, se encuentra a años luz de la propia del potente movimiento sindical propio de los países escandinavos.
En el caso de Suecia, más del 65% de los trabajadores cuenta con el carné de su sindicato. Muy por debajo de esos registros, pero todavía en niveles notables se halla el 30,2% propio de Italia. También es notable el 14,1% que muestra Alemania.
Los expertos consultados matizan que el retroceso de la militancia sindicalista es “un proceso que trasciende a España y se manifiesta en el conjunto de los países occidentales”. Dejando de lado a EEUU –un país en el que el denominado movimiento obrero ha presentado un arraigo mucho menor que en Europa- el porcentaje de afiliados llegó a ser de casi el 80% a principios de este siglo en Suecia, y superior al 30% en Alemania.
Ahora bien, en informes como el ya mencionado de Funcas se pone de manifiesto la posible acción de varios factores, en el caso español, que contribuyen a que el distanciamiento de los trabajadores con respecto a sus representantes sindicales sea mayor.
En concreto, actuaría el alto porcentaje que el empleo precario ha presentado, durante décadas, en el mercado laboral de nuestro país. Los trabajadores que ejercen su función con sueldos bajos o con jornadas laborales inferiores a las que querrían trabajar tienden a ver con desconfianza la labor sindical, al considerar que beneficia, sobre todo, a los trabajadores que ya disfrutan de unas condiciones ventajosas de trabajo.
La apariencia de “organizaciones tradicionales” que rodea a los sindicatos tampoco les beneficia, sobre todo a los ojos de los menores de 35 años. Es sintomático que, en las numerosas imágenes relacionadas con las recientes protestas estudiantiles en toda Europa, apenas tengan relevancia, en las pancartas o en los lemas, las siglas o los colores de los mayores sindicatos de cada país no ocupaban espacio alguno. Se trata de la prueba más fehaciente de hasta qué punto el sindicalismo, al menos como se ha entendido hasta el momento, no responde a las crisis contemporáneas, en especial la provocada por el difícil acceso a la vivienda.
Volviendo al caso español, llama también la atención la pérdida de relevancia, especialmente de UGT y CCOO, si se considera el esfuerzo hecho por el Ministerio de Trabajo a la hora de brindarles protagonismo en todas las negociaciones que han correspondido a este departamento.
Mientras que la patronal se ha visto marginada de todo acuerdo, salvo la reforma laboral de 2021, siempre se ha visto a los secretarios generales Pepe Álvarez y Unai Sordo flanqueando a la vicepresidenta Yolanda Díaz cuando se trataba de apoyar iniciativas como la reducción de la jornada laboral o la reforma del registro horario o las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (aunque en 2026 también se manifiestan desavenencias entre Trabajo y las dos centrales).
‘Lluvia’ de subvenciones
No obstante, el ámbito en el que se ha visto con más claridad el apoyo gubernamental a los sindicatos es el relacionado con las subvenciones a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.
Antes del pasado verano, el Gobierno actualizó las subvenciones que recibirán los sindicatos en el ejercicio 2026 y se repetirá el récord de 32 millones que ya se estableció en 2025. Gracias a ello, el presidente Pedro Sánchez podrá presumir de que, en sus ocho años en el Gobierno ha liberado un total de 156 millones de euros para ayudas a las centrales.
Esa cifra prácticamente iguala a la suma de los recursos que tanto el socialista José Luis Rodríguez Zapatero (88,9 millones) como el popular Mariano Rajoy (71,3 millones) liberaron en un tiempo muy superior: catorce años.
Mucho se ha tenido que esforzar el Gobierno para mejorar las subvenciones, a cargo del erario público, que acaban en los sindicatos. Mariano Rajoy las dejó, antes de la moción de censura en un mínimo inferior a los nueve millones, por debajo incluso de los niveles propios de José María Aznar que llegaron, como máximo, a once millones. Tras su exitosa moción de censura de 2018 las mantuvo en ese nivel hasta 2020 y, a partir de ahí, comenzó una carrera ascendente sin parangón en la serie estadística.
Sin importar las prórrogas
Los 17 millones anuales propios del periodo 2022-2024 ya supusieron un hito, pero el techo se rompió de forma drástica en 2025 con 32 millones, lo que implicaba cuadruplicar el nivel en el que se situaban estas subvenciones cuando se produjo el abrupto cierre de la legislatura de Rajoy. El incremento se produjo pese a que ya se encontraban prorrogados los Presupuestos Generales de 2023 y el mencionado récord se ha repetido en 2026.
La comparativa internacional revela que, en la mayoría de los Estados de la UE existe este tipo de ayudas públicas directas para la financiación de los sindicatos, a diferencia de otros países, como Estados Unidos, en que solo ingresan las cuotas que abonan sus afiliados. Aquí estas cuotas son igualmente otra fuente de ingresos.
En Francia, por ejemplo, las subvenciones estatales constituyen la casi totalidad de los ingresos con los que cuentan las organizaciones sindicales francesas. En el país vecino la financiación sindical no ha dejado de ser motivo de controversia puesto que las cuotas de los trabajadores son muy bajas. Además, perciben ayudas de las corporaciones locales y regionales. Ha habido varias reformas a lo largo de estas décadas que no lograron cambiar esa realidad.
De nuevo en España, el hecho de que los sindicatos mayoritarios ven cómo se reduce su militancia no quiere decir que una huelga general por ellos convocada, como la que tendrá lugar en menos de una semana, carezca de relevancia en cuanto a su impacto económico.
De acuerdo con las estimaciones hechas públicas este viernes por el Consejo General de Economistas, día laborable menos equivale a unos 6.760 millones de euros de PIB. “Si la mitad de los trabajadores hiciera huelga, se dejarían de producir unos 3.400 millones en esa jornada. No obstante, los economistas avisan de que “esa cifra es un techo”, que no tiene que corresponderse exactamente con el coste final.
“Las fábricas y las obras pueden recuperar buena parte del trabajo en los días siguientes, y muchas compras no se pierden, solo se retrasan”, apuntan. En consecuencia, “con nuestros supuestos de recuperación, la pérdida neta estimada se situaría entre 900 y 2.100 millones de euros: entre 5 y 12 céntimos de cada 100 euros que produce la economía en un año”.
Consumo eléctrico
Entre los expertos, uno de los indicadores más utilizados para aproximar el efecto de una huelga es el consumo de electricidad, porque fábricas, oficinas y comercios gastan menos luz cuando paran. Si se toma como referencia el paro de 2012, a media mañana, el consumo eléctrico estaba un 16,6% por debajo de lo previsto.
“Es una lectura puntual”, explican desde el Consejo General, “tomada en la franja de mayor caída, y no el dato del día completo. Si se traslada de forma directa a la producción, equivaldría a unos 690 millones de euros: unos 7 céntimos de cada 100 euros que produjo la economía en 2012. El estudio de los economistas concluye que “ese paso es solo orientativo, porque electricidad y PIB no se mueven en la misma proporción: la industria pesa bastante más en el consumo eléctrico que en la producción”.
Otros expertos señalan que la huelga del 11-N, sobre todo si su seguimiento es bajo, tendría otro tipo de costes para las centrales, en términos de prestigio e imagen público. No en vano tanto Álvarez como Sordo han apostado muy fuerte por una protesta casi simultaneada con el inicio de la campaña electoral para los comicios del 29 de noviembre.
En círculos políticos se ha interpretado incluso como un paro que busca atacar directamente a la oposición y fortalecer al Gobierno, ahora que este último se encuentra en sus momentos más bajos.