El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha advertido de que la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica impuesto este viernes por el Ministerio de Hacienda da mayor calidad de los servicios públicos a las comunidades con mayor capacidad tributaria y con más dinamismo.
En este sentido, ha augurado que el nuevo modelo romperá “claramente” el principio de igualdad entre españoles y de solidaridad territorial. “Esto beneficia exclusivamente a los separatistas y perjudica claramente al conjunto de España y muy especialmente a Castilla y León”, ha zanjado el consejero al término del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que ha sacado adelante la propuesta del Ministerio con el apoyo de Cataluña y Canarias.
“El modelo se basa no en cuánto cuestan los servicios públicos sino en cuánto aportan los ciudadanos de un territorio vía impuestos y, por tanto, se da más calidad de servicios públicos a las comunidades autónomas con más capacidad tributaria, con más dinamismo”, ha resumido Fernández Carriedo que se ha mostrado convencido de que las comunidades podrían haber llegado a un acuerdo para cuantificar el coste efectivo de los servicios que prestan a los ciudadanos. A modo de ejemplo, ha defendido la necesidad de llegar a un consenso para cuantificar el peso de aspectos como la superficie, el envejecimiento, el territorio y la población a la hora de prestar los servicios públicos.
El titular de Hacienda del Gobierno de Castilla y León ha lamentado que finalmente se haya impuesto un modelo basado en “otra cosa distinta” y ha reprochado que el Ministerio no haya retirado la propuesta, como pidió la Comunidad al inicio de la reunión, para comenzar una negociación en condiciones de igualdad entre todas las comunidades autónomas “básicamente tendente a un modelo que sea justo y solidario”, ha reiterado.
Antes de entrar en el CGPJ, Carriedo había advertido de que la Junta va a trabajar “en todos los ámbitos” para evitar que se consume la reforma en la que ve “un perjuicio muy claro” para los intereses de Castilla y León.