La Guardia Civil ha detectado conversaciones que podrían inculpar al expresidente de Tubos Reunidos, Francisco Irazusta, por el presunto pago de comisiones para acelerar el rescate de la compañía en 2021 por parte de la SEPI. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descargado un archivo que demostraría que Irazusta se puso en contacto con la fontanera del PSOE, Leire Díez, para hablar sobre el estado en la concesión de la ayuda por parte del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.
La UCO ha aportado como prueba este archivo bajo una nota a pie explicativa –”Leire sobre conversaciones con Pte Tubos Reunidos”–, adjuntando asimismo un informe relativo a los pagos percibidos por Mediaciones Martínez, una firma que actuaba como sociedad pantalla de la trama delictiva.
Conversaciones
Fue entre mayo y junio de 2021, poco antes, por lo tanto, de que se aprobara. El 30 de junio Irazusta anunció ya en la junta de accionistas que la concesión del rescate estaba prácticamente cerrada, aunque el Consejo Gestor de la SEPI no lo revisó y aprobó hasta el 13 de julio, teniendo que esperar al día 20 de ese mismo mes para que lo ratificara el Consejo de Ministros. Al igual que ocurrió así con Plus Ultra, la dirección de la empresa vasca sabía así con certeza que tenía concedida la ayuda de 112 millones de euros antes incluso de que se aprobara. Fuentes próximas a la investigación han confirmado, tal y como adelantó el pasado lunes el diario El Mundo, que Irazusta está siendo ya investigado en esta causa junto al actual CEO de la compañía, Carlos López de las Heras, y uno de los miembros más representativos del consejo de administración, Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia.
Se da la circunstancia además de que justo tras aprobarse el rescate, el grupo aprobó una retribución variable de 272.000 euros para Irazusta que está provisionada, pero no abonada, según la compañía. Ese bonus, que se incluye en el desglose de su remuneración total, por importe de 672.000 euros, no se ha podido ejecutar hasta ahora porque una de las condiciones impuestas por la SEPI para la concesión del rescate era que no se abonase ningún tipo de prima ni retribución variable a ninguno de los miembros del consejo hasta que la empresa beneficiaria de la ayuda hubiera devuelto al menos un 75% del préstamo. En el informe de remuneración de ese año, Tubos Reunidos explica, de hecho, que “en 2022 ninguno de los consejero/as ha devengado retribución variable alguna, con excepción del presidente ejecutivo” que, en cualquier caso, tampoco lo ha cobrado aún.
Bajo investigación
La presidenta de la SEPI, Belén Gualda, abordó ayer en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional en el Congreso las indagaciones judiciales que están investigando el funcionamiento interno del holding público y el presunto pago de comisiones por los rescates de Air Europa, Plus Ultra y Tubos Reunidos, que están bajo investigación judicial. Entre las tres suman el 25% de los 2.600 millones otorgados durante el Covid por el Fondo de Solvencia.
“El sistema del grupo SEPI está hipercontrolado, es un sistema defensivo importante. Y si algo ha caracterizado mi gestión ha sido el rigor y la legalidad. Pero si alguna investigación aflora algo, seremos contundentes”, subrayó Gualda. Con todo, destacó que el fondo “salvó 62.000 empleos durante la pandemia”, insistiendo en que todas las ayudas fueron supervisadas de manera profunda por mecanismos y auditorías internas.
“Todos los órganos han comprobado que todas las ayudas están bien otorgadas. No fueron rescates, fueron préstamos, y con fondos propios del Estado, no con dinero europeo. La SEPI cumplió con su papel y el fondo de solvencia hizo su trabajo, pero entiendo la preocupación”, insistió Gualda, antes de concluir diciendo que “todas las empresas que recibieron dinero cumplían con los criterios de elegibilidad, y ninguna estaba en crisis”, algo que se está investigando ahora.
El puesto en Australia, en juego
La apertura de una investigación judicial en España contra el expresidente ejecutivo de Tubos Reunidos, Francisco Irazusta, puede complicar su futuro como consejero delegado de la compañía australiana InfraBuild, por la que fichó en 2023. El código ético de esta empresa obliga a Irazusta a informar del procedimiento judicial ante el consejo de administración, que podría llegar incluso a cesarle según avance la instrucción de la causa y de acuerdo con las decisiones que pueda ir adoptando el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
El magistrado investiga, en concreto, si Tubos Reunidos incurrió en irregularidades delictivas en su presunta relación con la trama Hirurok (“los tres”, en euskera), que habría liderado Santos Cerdán junto a Leire Díez y el empresario Antxón Alonso. La UCO de la Guardia Civil ha registrado ya la sede de Tubos Reunidos en Bilbao y la fábrica de Amurrio, entrando en la sede de la SEPI en Madrid, para requerir información en el marco de una pieza secreta de esta causa. La Guardia Civil ha puesto el foco en una supuesta contraprestación de 114.950 euros a través de la mercantil Mediaciones Martínez para desbloquear el rescate. Los agentes sospechan que estos pagos camuflados sirvieron como contraprestación por utilizar su “ascendencia e influencia” dentro del holding público para agilizar los fondos estatales.
De acuerdo con el informe policial, Leire Díez y Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, “propusieron acudir” a Santos Cerdán para “impulsar” la ayuda cuando esta estaba bloqueada. Los investigadores también han identificado “una segunda operativa llevada a cabo entre 2024 y 2025” para conseguir el aplazamiento de una amortización parcial de los intereses de la deuda. El sumario refleja una reunión entre Cerdán, Leire Díez y dos directivos de Tubos Reunidos el 13 de noviembre de 2024 en el despacho que el exsecretario de Organización socialista tenía en la sede del PSOE, en la calle de Ferraz “Reunión Tubos Reunidos” es, de hecho, una de las anotaciones que aparece en una libreta azul de notas incautada a Leire Díez.