La cláusula de salvaguarda incorporada a la reforma de las pensiones no tendrá que activarse, al menos por ahora. Fedea subraya que las previsiones de la AIReF sitúan el gasto neto del sistema tres décimas por debajo del umbral fijado por la norma. De este modo, el Gobierno evita la puesta en marcha de medidas correctoras y posibles aumentos automáticos de las cotizaciones del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).
El segundo paquete de la última reforma de las pensiones recoge la creación del MEI. Esta es una cotización adicional a cargo de los trabajadores, empresas y autónomos. Su implantación se planteó de forma gradual. Comenzó en 2023 con un tipo del 0,6% sobre la base de cotización. Desde entonces, va en aumento de forma progresiva hasta alcanzar el 1,2% en 2029. La mayor parte de esta cotización adicional corresponde a las empresas, mientras que los trabajadores asumen una parte menor.
La cuantía recaudada a través del MEI se dirige al Fondo de Reserva de la Seguridad Social (conocido como ‘la hucha de las pensiones’). En 2025, este mecanismo ingresó 4.906 millones de euros, un 32,9% más que el año anterior, cuando se alcanzaron 3.689 millones. En 2023 -primer año de recaudación-, se obtuvieron 2.729 millones. De enero a agosto de 2026, se han percibido 4.049 millones, según recoge el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La Disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 2/2023 establece una cláusula de salvaguarda de la reforma. Cada tres años, a partir de 2025, la AIReF tiene que evaluar si el gasto neto en pensiones previsto para el periodo de 2022 a 2050 supera el nivel fijado por la norma, que es un 13,3% del PIB en promedio. “La revisión de mayo de 2026 estima un gasto bruto corregido medio del 14,6% y un efecto de ingresos del 1,6%, lo que deja un 13% neto y un margen de tres décimas“, recoge el informe de Fedea.
Si el gasto proyectado supera ese 13,3%, el Gobierno debe negociar con los agentes sociales y remitir al Parlamento medidas para eliminar el exceso, ya sea mediante un aumento de ingresos, una reducción del gasto o la combinación de ambas vías. Si la ley con esas medidas correctoras no entra en vigor el 1 de enero del año siguiente a la evaluación, se activará de forma automática una subida de las cotizaciones del MEI. En concreto, la cotización aumentará en dos décimas para compensar parte de la desviación estimada por la AIReF y volverá a incrementarse en otras dos décimas cada año hasta que se aprueben medidas alternativas con el mismo impacto o se corrija el exceso de gasto en pensiones.
El gasto en pensiones va en aumento y, de hecho, la Seguridad Social estima que la factura se incrementará hasta situarse en torno al 15,3% del PIB en 2050. Asimismo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) maneja una previsión más elevada y prevé que alcance el 16,4% del PIB ese año. Los principales motores serán la jubilación de la generación del ‘baby boom’, la revalorización de las pensiones con el IPC y el aumento de la pensión media al retirarse del mercado con carreras de cotización más largas y mejores bases salariales.
En 2025, las autoridades emplearon 182.526 millones para costear las pensiones contributivas, el groso de la factura de la Seguridad Social, un 5,7% más que el año anterior (172.653 millones). En 2023 fueron 161.067 millones, lo que supone un incremento del 10,88% respecto a 2022 (145.269 millones). Estas cifras reflejan que la factura ha aumentado un 25,6% en tres años. En los nueve primeros meses de 2026, el departamento de Elma Saiz empleó unos 123.761 millones para costear las pensiones, un 6% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Se trata del 77,6% del presupuesto del año para esta partida.