El Consejo de Ministros ha dado un paso más este martes para preparar el proyecto de ley de Presupuestos Generales para 2027 y ha aprobado un límite de gasto no financiero del Estado de 226.032 millones de euros. Esta cantidad es un 6,6% superior a la fijada para 2026 y “es la más alta jamás aprobada y constituye un récord” en palabras del ministro de Hacienda Arcadi España. “Un 88% más que el techo de gasto aprobado en 2018” ha remarcado el ministro.
Este techo de gasto, que contempla 14.000 millones más que el de 2026, es el primero que no contiene fondos europeos desde el ejercicio 2021. En el aprobado para 2026 los fondos Next Generation ascendieron a 4.151 millones.
El límite de gasto no financiero del Estado lleva tres años sin acometerse al no salir adelante los Presupuestos Generales y prorrogarse los de 2023. Es un trámite que realiza el Gobierno para seguir con la elaboración de las Cuentas. Hay que recordar que el proyecto de ley presupuestario de 2026 ni siquiera se presentó en el Congreso. El techo de gasto no se vota en las Cortes.
Lo que sí se votan son los objetivos de estabilidad y deuda pública. El objetivo de déficit público conjunto de todas las Administraciones se ha establecido en el 1,8% del PIB, tres décimas menos que el fijado para 2026, que fue de 2,4%, “el menor en 18 años” según España. Para la Administración General del Estado se ha establecido un 1,5%. El déficit conjunto bajará dos décimas en 2028 (1,6% del PIB) y otra más en 2029 (1,5%).
Tal y como aprobó este lunes el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), las autonomías quedan obligadas a un déficit del 0,1% del PIB y las entidades locales, al equilibrio presupuestario. El CPFF dio el visto bueno al objetivo de déficit autonómico con el voto en contra de las regiones gobernadas por el PP, a pesar de que el Gobierno insiste en que en tres años “no se les exige ningún esfuerzo presupuestario” porque permanece igual hasta 2029. En cuanto al déficit de la Seguridad Social, este se ha fijado en el 0,2% del PIB.
Por su parte, la deuda pública que ha fijado este martes el Gobierno es del 98,6% del PIB (ahora rebasa ligeramente el 100%) para 2027; del 96,4% para 2028, y del 95,3% para 2029. En cuanto a la regla de gasto, su referencia será del 4%, lo que también rechazaron las comunidades autónomas el pasado lunes. En 2028 la tasa de referencia de la regla de gasto será del 3,8% y en 2029, del 3,6%.
Estos objetivos de estabilidad o senda fiscal serán debatidos y votados en el Pleno del Congreso el próximo 14 de julio. Al no haber periodo de sesiones, se ha habilitado un pleno extraordinario. Todo apunta a que el resultado será el mismo que el que cosechó la senda fiscal de 2026: será devuelta al Gobierno. Junts, cuyos siete votos son claves, ya ha manifestado que no la apoyará.
La senda de estabilidad requiere de la aprobación de las Cortes -el techo de gasto no se somete a votación-, algo difícil por la negativa del partido de Carles Puigdemont, pero el ministro ha pedido una “reflexión” y que los grupos parlamentarios se pregunten por qué renunciar a un mayor margen de gasto.
En caso de que la senda fuera rechazada en el Congreso, el Gobierno tendría que presentar una nueva -que puede ser la misma o una distinta- en el plazo de un mes.
El ministro ha recordado que hay dos plenos extraordinarios convocados en el Congreso en los que podrán abordarse estas votaciones, el mencionado del día 14 y, posteriormente, el 23, “primera y, en su caso, segunda votación”.