El Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca) vuelve a dejar claro que además del déficit inversor del Estado, la provincia de Alicante tampoco sale bien parada en el reparto de los presupuestos autonómicos que actualmente se están debatiendo en Les Corts. Su análisis deja claro que arrastra una infrafinanciación estructural.
El estudio elaborado por el Instituto considera que esa situación en las cuentas autonómicas se extiende quince años: entre 2011 y 2025 ha recibido de media solo el 78,8% de la inversión per cápita que le correspondería por su peso poblacional (37,2% de la población de la Comunitat), frente al 122,2% que recibió Valencia con el 51,1% de la población. El déficit inversor acumulado por la provincia en ese periodo asciende a 490 millones de euros.
Ineca pone en cuestión la narrativa oficial de “presupuesto récord” con la que el Consell ha presentado sus cuentas. Según su presidente, Alfredo Millá, no es cuestión de un color político ni de un año concreto: esse que ningún gobierno autonómico, de uno u otro signo, ha corregido.
El informe recuerda que los años en los que Alicante recibió un reparto favorable respondieron siempre a la concentración aislada de algún proyecto singular, revirtiéndose de inmediato al ejercicio siguiente. Además, ni siquiera lo que se licita llega a materializarse en su totalidad: entre 2015 y 2025, solo el 73,3% de lo presupuestado en inversión llegó finalmente a licitarse en el mercado de la construcción.
El diagnóstico es contundente: bajo un crecimiento nominal del 3,1%, se esconden dos problemas estructurales como la escasa territorialización de lo que se proyecta invertir y la baja ejecución de lo que se presupuesta, que perjudican de forma sistemática a la provincia de Alicante frente a Valencia, amplificando la infrafinanciación del Estado.
Para Millá, “nadie discute que sea el presupuesto más alto de nuestra historia, pero a Alicante se le sigue sin asignar lo que le corresponde por peso poblacional. Además, más de la mitad de la inversión real no dice a qué provincia se dirige”.
Santiago Carbó, director de Estudios de Ineca, advirtió de que la mejora de ingresos es en buena parte cíclica: los grandes impuestos de base amplia IRPF e IVA, crecen solo un 5,1%, mientras los ligados al mercado inmobiliario se disparan como el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales que sube un 24% y el de patrimonio que crece un 47,4%.
A su juicio, estamos ante un boom fiscal impulsado por el mercado de la vivienda en máximos históricos, y eso es cíclico. “No es una mejora estructural de los ingresos”, señaló. La consecuencia es un margen reducido para nuevas políticas: el servicio de la deuda absorbe ya el 25,2% del presupuesto, por delante de la política educativa; las transferencias corrientes bajan un 7,1% y la inversión real desciende un 2,8%.
Escasa territorialización
Según el informe, el 52,3% del Capítulo VI de inversiones reales del proyecto de 2026, es decir 757,9 millones de euros, figura como ‘sin territorio específico’, es decir, sin que el propio documento presupuestario indique a qué provincia se destinará. Lejos de tratarse de una cuestión menor o puramente técnica, el análisis constata que casi el 90% de la no territorialización, 677 millones de euros se concentra en cuatro consellerias (Sanidad, Economía y Hacienda, Educación e Infraestructuras), que financian precisamente actuaciones físicamente localizables: reformas y construcción de edificios, equipamiento sanitario o educativo.
El autor del informe y asesor de Estudios de Ineca, Francisco Llopis, lo resume así: “si una inversión se puede señalar en un mapa (un hospital, un colegio, una carretera), se puede territorializar en el presupuesto. Que casi 700 millones en obra localizable figuren sin provincia no es un tecnicismo contable, es una decisión”. Del 47,7% que sí se territorializa, la provincia de Alicante recibiría un 38,4%, un porcentaje que a primera vista resultaría favorable frente a su media histórica. El informe advierte, sin embargo, de que esta lectura es engañosa: cubre menos de la mitad del capítulo y, dado el patrón histórico de la provincia, nada garantiza que el reparto final del resto, una vez ejecutado, vaya a ser igual de equilibrado.
El segundo gran bloque del análisis se centra en la ejecución real del ejercicio 2025, el último cerrado. De los 4.183 millones de euros finalmente disponibles para inversión (Capítulos VI y VII, tras modificaciones que ampliaron en un 41,2% el crédito inicial), solo se llegaron a comprometer 3.299 millones. Un 21,1% del crédito disponible, 884 millones de euros, no llegó ni siquiera a comprometerse.
El informe señala además lo que denomina el “espejismo de los porcentajes”: la partida con peor tasa de ejecución, Protección Civil y Seguridad Ciudadana (60,9% sin ejecutar), representa en realidad solo 13 millones de euros, un 1,5% del problema real. Para Carbó, el verdadero agujero se concentra en tres áreas de enorme peso social: Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda (293,2 millones sin ejecutar), Medio Ambiente e Infraestructuras (161,2 millones) y Educación (133,9 millones), que juntas acumulan el 66,5% de todo el dinero que no llegó a gastarse.
Carbó puso el foco en la naturaleza del cuello de botella: “no es presupuestario: es de capacidad técnica y administrativa para ejecutar obra pública”. El verdadero reto, subrayó, “no es presupuestar más, sino ejecutar mejor”.
El Instituto también reclama un cambio en la política de ejecución, comunicación y seguimiento de las inversiones del Consell, tras constatar que el 52,3% de la inversión real del proyecto de 2026 carece de destino territorial y que un 21,1% de lo presupuestado en 2025 nunca llegó a ejecutarse.