La crisis migratoria vivida en Ceuta hace unos días recupera el fantasma de la Marcha Verde en 1975, cuando Marruecos utilizó también de manera masiva una movilización reclamar la sobaría del Sáhara Occidental. En ese momento, Rabat presentó 350.000 civiles para completar una operación que precipitó la salida española del territorio y terminó desembocando en los Acuerdos de Madrid, entre España, Marruecos y Mauritania.
Más de cincuenta años después, aunque con alguna que otra semejanza, los acontecimientos recientes no son del todo equivalentes a la Marcha Verde. El único elemento común fue y ha sido utilizar la frontera como un instrumento de presión política. Entonces con un objetivo claro territorial y hoy como una cuestión migratoria y fronteriza. Aunque en realidad todo se traduce en términos económicos.
Seguridad económica en la frontera
La ciudad autónoma de Ceuta es apenas un pequeño territorio de unos casi 20 kilómetros cuadrados en comparación con los más de 600 km de Madrid capital. Por su posición geográfica es especialmente sensible a los flujos fronterizo, de igual manera que también lo es Melilla. En este caso, los datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes a 2024 indican un crecimiento del PIB de tan solo 1,1%, frente al 3,5% del resto del país. Además, la misma fuente resalta un PIB per cápita de poco más de 23.200 euros, casi un 29% por debajo de la media española (32.633).
En contexto, las cifras del INE hablan de una recuperación en empleo en este 2026: el pasado mes de mayo, la ciudad autónoma registró mil afiliados más a la Seguridad Social, en comparación con el mismo mes de 2025, hasta alcanzar los 25.236.
Las imágenes ocurridas la semana pasada intentado cruzar desde la Playa del Tarajal, en Marruecos, hacia territorio español, no han hecho sino aumentar la presión en un punto geopolítico estratégico y una economía más expuesta que el resto de España. Así, la estabilidad de Ceuta no es casual y depende en gran medida de la seguridad fronteriza, que en este caso está sometida a episodios recurrentes, como el ocurrido en 2021, con el desgaste de relaciones diplomáticas entre ambos países tras la acogida del líder del Frente Polisario en un hospital de La Rioja.
Peligro también para Marruecos
Ha sido la misma Guardia Civil la que ha comparado la crisis migratoria actual con el acontecimiento de 1975 “como la Marcha Verde”, e incluso el embajador de España en la ONU, Inocencio Arias, ha advertido de que “Marruecos está planeando una marcha verde por Ceuta o por Melilla”. El debate sobre el uso de flujos migratorios como presión y herramienta política está encima de la mesa, pero cabe desatacar que el impacto económico no es una cuestión que afecte solo a España; Marruecos tiene mucho que perder si las tensiones se prolongan más de la cuenta.
La Unión Europea es ahora mismo el mayor socio comercial del país alaúi y su economía está plenamente integrada con el viejo continente. Así, la interdependencia actúa como freno de mano a una posible escalada en la crisis: la UE recibe más del 33% de las exportaciones y a su vez importa el 32%. Según la comisión europea, en 2025 el intercambio de bienes entre ambos bloques alcanzó los 62.200 millones. Sin contar, además, que la UE es el principal inversor en tierras de Mohammed VI.
Con todo, la inestabilidad fronteriza se convierte en un elemento económico difícil de digerir. En 1975 España perdió el derecho al acceso libre y prioritario a las aguas atlánticas del Sáhara, con la consiguiente caída del sector pesquero en las Islas Canarias y el sur peninsular. Por su parte, Rabat consolidó su poder en buena parte del territorio haciendo suyos distintos recursos naturales como las minas de Bucraa de fosfato, una de las más ricas del mundo.
Medio siglo después el desafió no es enfrentar una nueva Marcha Verde sino la de poner en valor lo que en teoría es una línea administrativa y de seguridad, pero en la práctica es una frontera económica que sirve tanto para generar riqueza como para ejercer presión.