El Gobierno ha comenzado este jueves una nueva ronda de contactos para estudiar la posible prórroga de algunas medidas que amortigüen el impacto de la guerra de Irán ante el aumento de la inflación. Capitaneados por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, los ministros de Trabajo, Hacienda e Inclusión y Seguridad se reunieron con los líderes de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, para oír sus propuestas a futuro y su valoración sobre los planes puestos en marcha desde el segundo trimestre del año.
El Ministerio de Economía ha afirmado tras el encuentro que este “constata, de nuevo, la lógica de diálogo permanente y de respuesta compartida ante los shocks económicos que ha caracterizado la actuación del Gobierno desde el inicio del conflicto”. Si bien no se ha tomado aún ninguna decisión, fuentes de Economía trasladan que Carlos Cuerpo “ha asegurado en la reunión que vamos a trabajar en las medidas del Plan de Respuesta para continuar acompañando y apoyando a las familias ante las subidas de los precios, atendiendo especialmente a los sectores profesionales más afectados, como son el transporte y el agroalimentario, debido al efecto que produce en el resto de la cadena”.
Fuentes presentes en el encuentro trasladan a elEconomista.es que el Gobierno no ha concretado qué medidas tiene previsto ampliar más allá de esa fecha, pero los agentes sociales dan por sentado que se aprobará un tercer decreto que prorrogará gran parte de las medidas puestas en marcha durante los meses anteriores. El Ejecutivo iniciará el próximo lunes una serie de encuentros sectoriales que se extenderán durante toda la semana y a los que los sindicatos han reclamado acudir.
Fuentes de la CEOE declararon a este diario que la organización “ha defendido que, aunque las medidas adoptadas hasta ahora han contribuido a amortiguar el impacto del shock energético, el deterioro reciente del escenario y la elevada incertidumbre de cara al último trimestre del año, aconsejan evaluar su continuidad y adaptar los apoyos a los sectores y consumidores más afectados, con especial atención a la industria electrointensiva y gasintensiva. Hemos pedido actuar sobre los costes estructurales de la energía, incluyendo fiscalidad energética, Impuesto Especial sobre la Electricidad, gas, peajes y un tratamiento adecuado de los combustibles renovables, y ha advertido del riesgo de la llegada del invierno junto con las tensiones geopolíticas”.
Del lado sindical, las propuestas han sido muy variadas y van desde revisar el SMI para compensar la pérdida de poder adquisitivo a la creación de ayudas directas para los trabajadores con menos ingresos. En el plano energético, CCOO ha solicitado la recuperación de la excepción ibérica (el conocido como tope al gas) y la aprobación de un impuesto específico a los beneficios de las petroleras. Fuentes de este sindicato explican que también han demandado a Hacienda que haga públicos los márgenes empresariales a nivel sectorial, para poder contar con esta información a la hora de negociar las subidas salariales.
UGT también ha puesto el foco en los márgenes empresariales, en tanto que entienden que explican este pico de inflación, por ello han demandado que se intervenga en las tarifas finales o en los impuestos que se aplican a estos servicios. A su vez, han demandado recuperar el tope al 2% para las revisiones de los contratos de alquiler y la prórroga extraordinaria de estos contratos, medidas que decayeron en el mes de abril por el voto en contra del Congreso de los Diputados. En esta línea social, Pepe Álvarez ha demandado una revisión de la eficacia del bono social eléctrico, para reducir las trabas burocráticas que pueden estar mermando su alcance.
El Ejecutivo puso en marcha un primer paquete de medidas en marzo, un mes después del ataque de EEUU e Israel que inició el conflicto en Oriente Medio, parte de ellas fueron prorrogadas en junio hasta el 30 de septiembre en un decreto que también introdujo nuevas rebajas fiscales. A menos de dos semanas de que su periodo de aplicación llegue a término, el Ministerio de Economía coteja con los principales interlocutores sociales si ampliar el descuento al combustible, las ayudas al sector del transporte por carretera y para profesionales agrícolas o la previsión de rebajar el IVA de la luz y el Impuesto Especial sobre la Electricidad si los precios de estos productos crecen más de un 15%.