El Govern ha aprobado este viernes el nuevo proyecto de presupuestos de 2026 una vez obtenidos los apoyos de ERC y Comuns, indispensables para garantizar su tramitación en el Parlament. Las cuentas públicas fijan el gasto total en 49.162 millones de euros (un 22,8% más que en 2023). Se preserva así el mismo techo del fallido proyecto presupuestario presentado en febrero —no podría ser de otro modo ya que la Generalitat debe observar tanto la regla de gasto como los objetivos de déficit—, pero esta vez se reparten 893 millones en medidas al gusto de republicanos y comunes.
Estos casi 900 millones de euros tienen un doble origen. Por un lado, un fondo interdepartamental de 360 millones que ya se puso a disposición de los independentistas hace dos meses, cuando las negociaciones con Esquerra fracasaron debido principalmente al traspaso del IRPF —asunto que, finalmente, se ha incluido (sin demasiadas garantías) en el pacto suscrito esta semana entre el PSC y la formación de Oriol Junqueras—. Por otro lado, el Govern prevé recaudar este año unos 533 millones extra en impuestos debido a la bonanza de la economía catalana y no espera que el cuadro macro empeore significativamente por el conflicto en Oriente Medio.
Los ingresos no financieros llegarán en 2026 a los 48.231 millones de euros, un 27,9% por encima que en los presupuestos de 2023. La mayoría de estos recursos procede de los anticipos y liquidaciones del modelo de financiación (32.894 millones), mientras que la recaudación por tributos propios y cedidos bordeará los 6.500 millones y los recursos finalistas, los 7.900 millones.
4.700 millones hasta 2030
Las nuevas cuentas mantienen el grueso de las políticas anunciado en febrero, pero suman varias medidas de carácter plurianual que exceden el ejercicio de 2026. En total, se contabilizan 4.693 millones de euros en programas hasta 2030, más allá del mandato de Salvador Illa.
Entre otros, se aumenta la inversión del Pla de Barris hasta 400 millones y se crea un Pla de Pobles para la regeneración urbanística en pequeños municipios, dotado con otros 400 millones. También se aprueba un plan de choque para rehabilitar vivienda (Pla Regenera) al que se destinan 630 millones de euros, con una línea adicional de financiación del Institut Català de Finances (ICF) de 50 millones anuales. Su objetivo será movilizar vivienda vacías o en desuso y finalizar construcciones.
La consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha enumerado varias opciones para conseguir los cerca de 4.700 millones de euros comprometidos. Por un lado, el Govern confía en contar con los recursos adicionales del nuevo modelo de financiación a partir del próximo año, cifrados en prácticamente la misma cantidad anual (4.686 millones). Sin embargo, la reforma legal para adoptar el nuevo sistema aún no ha iniciado su tramitación en el Congreso de los Diputados.
Es cierto que Esquerra ha obligado al PSC a firmar un compromiso para desbloquear la modificación de la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) durante el segundo semestre para que la nueva financiación entre en vigor en 2027. Pero el Gobierno no ha aclarado todavía cuándo se activará este asunto en las Cortes.
En paralelo, la consellera ha trasladado que se podrían aprobar suplementos de crédito, como ha ocurrido en los dos últimos años. En este sentido, las cuentas de 2026 incluyen una disposición adicional que blinda los créditos presupuestarios necesarios para desplegar los programas pactados con ERC y Comuns en los siguientes ejercicios.
Por último, Romero ha reiterado su voluntad de actualizar las cuentas en 2027 y 2028, pese a que la líder de los comunes, Jéssica Albiach, enfrió esta semana esta posibilidad ante la cercanía de las elecciones municipales. De hecho, la dirigente aseguró que en su caso había pactado unos presupuestos que pudieran funcionar hasta el fin de la legislatura.
Negociación con los profesores
Por otro lado, Romero ha detallado que más de un 80% del presupuesto ya “está muy condicionado” al orientarse tanto a los gastos del capítulo 1 (salarios y nóminas de los trabajadores públicos) como al gasto corriente de la Generalitat.
En este contexto, la titular de Economía no se ha mojado sobre qué partidas podrían adelgazarse si finalmente se alcanza un acuerdo con los sindicatos educativos Ustec-Stes, Aspepc-Sps y CGT. “No es lo mismo que nos pidan 10 millones que 100 o 1.000”, ha dicho.
Este viernes, el Departamento de Educación liderado por Esther Niubó se ha citado de nuevo con los docentes movilizados para consensuar una mejora salarial. La propuesta de Niubó se ha concretado en una mejora retributiva del 50% de los complementos de tutoría y la creación de tres nuevos. Los sindicatos Ustec·Stes y CGT han rechazado la mano tendida del Govern y se han emplezado a seguir negociando el próximo martes.
El Ejecutivo autonómico ya suscribió un acuerdo de 500 millones con las secciones educativas de CCOO y UGT, organizaciones que no son mayoritarias entre el profesorado. Esta dotación sí tendría acomodo en las cuentas aprobadas este viernes.
Por otro lado, los presupuestos de 2026 no recogen la financiación extra del Estado (210 millones de euros) para ampliar la plantilla de los Mossos d’Esquadra. El dinero para contratar a más agentes este mismo año ya estaba contemplado en las cuentas.
Inversión en obra pública
Por otro lado, el proyecto de presupuestos contempla inversiones por valor de 4.146 millones de euros, 1.289 millones más (+45%) respecto a 2023, el último año en que se aprobaron las cuentas.
Se trata del nivel de inversión prevista más elevado de la Generalitat desde 2010, aunque en los años 2022 y 2023 el nivel inversor se acercó a los 4.000 millones de euros gracias a la incorporación de los fondos Next Generation.
El incremento de recursos propios permite, según el Govern, compensar de sobras la finalización del maná europeo. En 2025, se ejecutaron 3.423 millones de euros de ejecución, en cifras provisionales, unos 2.800 millones de fondos propios, y el resto de fondos europeos.