El Ministerio de Trabajo quiere sacar adelante la reforma del registro de la jornada laboral este mismo mes, idealmente en el Consejo de Ministros que tendrá lugar el martes 21 de julio y si no, en el del 28. Así lo concreto el departamento que encabeza Yolanda Díaz a los presentes en la reunión que tuvo lugar este miércoles para transponer la directiva de transparencia salarial, según ha podido saber elEconomista.es. Un afán que responde a los llamamientos realizados por los sindicatos CCOO y UGT en los últimos días , en los que advirtieron al Gobierno que no volverían a firmar ningún acuerdo si este cambio no se concretaba antes de agosto, y al compromiso de la vicepresidenta de aprobar la parte restante de la ley que quería reducir la jornada laboral, pese al rechazo del Consejo de Estado.
El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, también lo ha trasladado en público este jueves en el marco de la rueda de prensa sobre los datos de desempleo. A pesar de que no ha concretado una fecha, ha expresado que espera que el texto que obligará a las empresas a anotar el tiempo de trabajo por medios digitales vaya a “uno de los Consejos de Ministros previos a las vacaciones”. Unas semanas atrás, en la movilización de sindicatos europeos que tuvo lugar en Madrid, la ministra de Trabajo aseguró que iban a conseguir a aprobarlo pese a haber “muchos en contra”, “yo no me rindo” recalcó, en alusión a las críticas vertidas por la patronal y desde los ministerios socialistas al texto.
A mediados de marzo, el Consejo de Estado publicó un dictamen desfavorable sobre el Real Decreto que preparaba trabajo y sobre el que el Ministerio de Economía había elaborado hasta tres informes en contra. El departamento de Carlos Cuerpo no fue el único en expresar sus dudas, también lo hizo el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública de Óscar López, lo que decantó la posición del órgano consultivo, que también atendió las dudas planteadas desde CEOE y Cepyme. Asimismo, la Agencia de Protección de Datos informó de sus reservas respecto a un sistema cuyos datos Trabajo quiere abrir a la Inspección de Trabajo y a los representantes de los trabajadores.
En un primer momento, tanto el Ministerio de Trabajo como los sindicatos cargaron duramente contra el dictamen del Consejo de Estado, el entorno de Díaz insistió en que no se trataba de una posición vinculante y recordó que el Gobierno había aprobado una decena de textos que no habían contado con el visto bueno del órgano que preside Carmen Calvo. Desde la cartera de Sumar creían poder impulsar esta reforma pese a las reticencias de Economía, que demandaba un mayor periodo de adaptación para las pymes y ayudas para llevar a cabo esta transición (como sugería CEOE).
No obstante, un día después Cuerpo fue nombrado vicepresidente primero y desde entonces el texto esbozado por Trabajo espera ser aprobado en Consejo de Ministros, una vez se incorporen los ajustes “mínimos” que el departamento de Díaz dijo que iba a incorporar, sin detallar cuáles. Sin embargo, de acuerdo con las fuentes consultadas, el Ministerio mantiene la intención de aplicar los cambios en el registro horario mediante un Real Decreto en lugar de transformarlo en una ley, a pesar de que esta fue una de las principales críticas que esgrimió el Consejo de Estado, en la línea apuntada por CEOE.