En junio de 2026, Europa vive una compleja situación en relación con la inmigración. Este domingo, 14 de junio, en Suiza se llevará a cabo un referéndum que pretende limitar la población del país a 10 millones de habitantes, contando en la actualidad con unos 9,1 millones.
La propuesta ha sido impulsada por el Partido Popular Suizo, también llamado Unión Democrática de Centro. El partido, en su iniciativa “No a una Suiza de 10 millones”, alega que el 27 % de la población inmigrante, así como el crecimiento poblacional derivado de esto, obliga a tomar medidas extremas de sostenibilidad como, en caso de superarse la mencionada cifra, endurecer la inmigración, eliminar ciertos derechos de asilo y valorar sus políticas de colaboración en general.
La propuesta busca modificar la Constitución para fijar un límite de 10 millones de habitantes residentes permanentes antes de 2050. La medida establece también un umbral en los 9,5 millones, momento en el cual el Gobierno debería comenzar a actuar para frenar el crecimiento poblacional, considerando este aumento como un riesgo para la economía y la sociedad de Suiza.
Lo más llamativo, no obstante, es lo severo de la solución si estas primeras medidas no funcionan. Según se ha podido saber, si el crecimiento no se revierte en dos años tras superar los 10 millones, Suiza debería denunciar el Acuerdo de Libre Circulación de Personas con la Unión Europea, con el riesgo de un “Swiss Brexit”, lo que representaría un enorme golpe para la UE en su conjunto.
Los defensores de esta medida justifican su postura en los daños que la inmigración —según ellos— está causando al país: un aumento de los costes de infraestructuras, un aumento de la criminalidad y una reducción de los empleos disponibles para los nativos suizos. No obstante, la medida ha encontrado oposición de sectores políticos y empresariales, que consideran que la inmigración “cualificada” es uno de los motores de desarrollo de Suiza y que, al limitarse, podría generar un enorme perjuicio económico.
Hasta el momento, el “No” a esta propuesta parte con ventaja, aunque se espera que la decisión sea muy ajustada y no se conozca de forma segura hasta el final de las votaciones.
El giro europeo
Ahora bien, más allá de este caso en Suiza, Europa lleva tiempo tendiendo hacia el endurecimiento de la inmigración. Aunque Suiza no forma parte de la UE, este debate refleja fielmente el clima que vive todo el continente. El gran eje del endurecimiento es el Pacto Europeo de Migración y Asilo, aprobado en 2024, que ha entrado en aplicación el pasado 12 de junio. Su objetivo es crear un sistema común mucho más estricto que priorice el control fronterizo y los retornos eficientes, poniendo fin a la era de acogida más abierta desde 2015.
Este acuerdo nace a raíz de la necesidad de unificar las normativas y la legislación alrededor de la inmigración, que había causado enormes enfrentamientos en el contexto europeo entre aquellos Estados más proclives y los menos proclives a la aceptación de inmigrantes. En general, el Pacto es entendido por los expertos como un paso hacia el endurecimiento de la inmigración, siguiendo el espíritu de los tiempos.
El Pacto establece procedimientos de asilo acelerados que buscan resolver los casos en semanas, con un máximo de 12 semanas en procedimiento fronterizo. Impulsa la externalización mediante centros de procesamiento y “hubs” de retorno en terceros países, amplía la lista de países seguros para permitir rechazos rápidos e incluye un mecanismo de solidaridad que permite a los Estados optar por pagos de alrededor de 20.000 euros por persona no reubicada en lugar de acoger migrantes, petición muchas veces repetida por Estados como Hungría o Polonia. Complementa este marco el nuevo Reglamento de Retornos, que facilita deportaciones, endurece las detenciones, y permite que las autoridades puedan detener hasta 24 meses (antes eran 18) a las personas cuya solicitud de asilo ha sido rechazada, mientras se prepara su deportación. De la misma manera, abre la puerta a centros de retorno fuera de la Unión Europea para evitar que países comunitarios tengan que soportar la carga migratoria mientras no se realizan los oportunos procesos legales.
Los casos concretos
De un tiempo a esta parte, varios países de la Unión han comenzado también a endurecer sus políticas migratorias. Y es que, más allá de países como Hungría o Polonia, que siempre han sido críticos, Estados tradicionalmente más proclives han cambiado sus puntos de vista en los últimos meses y años.
Por poner un ejemplo parcialmente destacado, el ministro de Justicia de Francia pedía el pasado mayo suspender de forma inmediata la inmigración al país. Así, estableciendo una moratoria de tres años a la inmigración, considerando, en sus propias palabras, que el país había llegado “al límite de la capacidad de integración”.
Italia, bajo el Gobierno de Meloni, ha llevado también a cabo medidas más restrictivas en relación con estos flujos poblacionales. Meloni ha impulsado el envío de migrantes para procesar solicitudes fuera del territorio italiano, más concretamente en Albania, y acelerar las deportaciones, posicionando al país como referente de la mano dura. Espera que el nuevo Pacto europeo refuerce definitivamente estos planes.
En cuanto al norte de Europa, en los últimos años varios países han endurecido de forma severa sus políticas. Dinamarca, por ejemplo, establecía ya en 2015 políticas muy duras que tienen como objetivo final la repatriación, mediante duros exámenes de autosuficiencia, conocimiento profundo del idioma, permisos temporales como forma estándar de actuar y eliminación de ayudas para frenar el “efecto llamada”.
Suecia, tradicionalmente uno de los países más generosos con los refugiados, ha dado un giro drástico desde el año 2022. El Gobierno de centro-derecha, apoyado por Demócratas de Suecia, ha introducido permisos temporales, endurecido la reunificación familiar, elevado requisitos para la ciudadanía y aumentado incentivos económicos para el retorno voluntario (hasta 350.000 coronas suecas en 2026). Las solicitudes de asilo cayeron notablemente en 2025.
En general, y por no revisar país a país, la mayoría de naciones europeas han endurecido sus políticas, enfocándose, en diferente grado, en evitar la inmigración masiva, sobre todo la proveniente de Estados no comunitarios. El nuevo reglamento europeo consolida esta tendencia que ya se había podido comprobar a lo largo de varios años al analizar las políticas concretas de los países.