El Consell de Garanties Estatutàries (CGE), el órgano consultivo de la Generalitat de Cataluña, ha avalado por unanimidad el proyecto de ley de cámaras de comercio tramitado en el Parlament. De esta forma, la iniciativa legal podrá retomar su tramitación, ya muy avanzada, a la vuelta del verano. Cataluña lleva una década con este proyecto legal encallado y es la única comunidad autónoma que todavía no ha adaptado su regulación a la supresión del recurso cameral en 2010.
El CGE ha respondido a la solicitud de dictamen formulada por los Comuns y la CUP el pasado julio, cuando ambos partidos cuestionaron los aspectos de la ley vinculados a la representación institucional y la formación profesional (FP). En ambos casos, el organismo no percibe atisbos de antijuridicidad, así como tampoco en las llamadas sillas de plata, aquellas vocalías reservadas a las empresas de mayor aportación económica.
Este asunto coincide con la reestructuración del pleno de la Cámara de Comercio de Barcelona, la más importante de las 13 que existen en Cataluña. A partir del próximo mandato (el año que viene tocan elecciones camerales), el plenario de la institución contará con ocho asientos de pago, en vez de los dos actuales.
En su resolución, el Consell de Garanties señala que la presencia de sillas de plata “no vulnera el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución España ni el principio de organización y funcionamiento democrático de las cámaras establecido en el artículo 52 de la Constitución Española”. La decisión era previsible, por cuanto este tipo de vocalías existen en el resto de cámaras catalanas y del conjunto de España y su presencia jamás se ha puesto en solfa.
Rol social de las cámaras
El dictamen también avala la presencia de las cámaras en órganos administrativos, públicos y público-privados. El CGE especifica que esto no desmerece el papel singular de sindicatos y patronales, que gozan de una función específica de representación institucional y defensa de los intereses económicos y sociales de sus asociados. El más evidente: la firma de los convenios colectivos de los trabajadores.
En la proposición de ley, las funciones atribuidas a las cámaras son de “carácter general” y precisarán una concreción normativa. Por eso, el organismo consultivo considera que el proyecto no otorga a las entidades camerales “una posición de interlocutores sociales que excluya o perjudique” la de los agentes sociales.
“El dictamen considera que el reconocimiento de esta posición de los agentes sociales no impide al legislador, en el marco del artículo 125 Estatut d’Autonomia de Catalunya y de acuerdo con la amplia remisión que le efectúa el artículo 52 de la Constitución Española, promover la representación y participación de las cámaras en órganos y ámbitos en los que se traten asuntos relacionados con los intereses generales del comercio, la industria, los servicios y la navegación”, expresa el organismo.
Por último, el Consell bendice la participación de las cámaras en la FP, así como en el reconocimiento de competencias profesionales adquiridas con la experiencia laboral.