La amenaza de Donald Trump de imponer un embargo comercial a España que hizo este martes en medio de una rueda de prensa con el canciller alemán, Friedrich Merz, supone una escalada radical del presidente de EEUU. Hace dos semanas, Trump ya indicó que este mecanismo supondría de facto “la destrucción del país” en cuestión. Este movimiento también supondría una salto cualitativo del uso de este mecanismo, que hasta ahora se ha aplicado muy específicamente a personas o sectores concretos, no a todo el comercio con un país entero. Y, además, pondría a la UE en una crisis sin precedentes, por el ataque con una ‘bomba atómica económica’ que esto supone a uno de sus mayores estados miembro.
La ley en cuestión es, de nuevo, la Ley de Poderes para Emergencias Económicas Internacionales de 1974 (LPEEI), la misma con la que Trump intentó imponer los aranceles del ‘Día de la Liberación’. En su sentencia, el Tribunal Supremo determinó que la ley no permite imponer aranceles, pero sí el bloqueo de prácticamente todo el comercio con gobiernos o personas extranjeras que hayan provocado una “amenaza extraordinaria e inusual” a la seguridad nacional de EEUU.
Hasta ahora, la interpretación que se ha dado a esas palabras es muy clara. Por un lado, puede afectar a un Estado, que no podría comprar aviones militares a empresas de EEUU ni vender deuda a través de bancos situados en EEUU. Por otro, puede afectar a grupos de personas o empresas concretas: hay sanciones contra las empresas petroleras y el Gobierno de Irán, por ejemplo, pero no a ciudadanos individuales. Existen sanciones contra narcotraficantes, empresas militares chinas, dirigentes de gobiernos enemigos de EEUU, etc. Pero nunca se ha aplicado contra todos los ciudadanos y empresas de un país entero.
Trump, sin embargo, reaccionó a la sentencia del Supremo que tumbaba los aranceles recordando que la sentencia le da “el derecho de aprobar un embargo para destruir a un país”, un poder que ya tenía de antes pero que ha decidido mencionar por primera vez este martes, poniendo como víctima a uno de sus ‘molestias’ recurrentes. Hasta ahora, lo más que había hecho era amenazar con un arancel adicional del 5% a España por negarse a prometer una subida al 5% de su gasto en defensa. Y Trump, si ha dejado algo claro, es que su herramienta favorita para presionar a cualquier país es el comercio.
¿Puede hacerlo?
Una pregunta clave es si un embargo a un país entero sería aceptable dentro de la ley. La respuesta es que, de entrada, si se lo propone, Trump podría dar la orden y que, en todo caso, serían los tribunales y el Congreso los que tendrían que decidir a posteriori si se ajusta al texto.
Por el momento, según los archivos del Congreso, esas sanciones se han aplicado por motivos de “abusos de derechos humanos, esclavitud, negación de la libertad religiosa, represión política, corrupción pública y el retroceso en los procesos democráticos”. Todas las órdenes creadas por Trump para justificar los aranceles, por motivos más variopintos, han sido declaradas inconstitucionales y nulas, por lo que no pueden ser usadas como precedente. En ese contexto, argumentar la negativa de España a permitir el uso de bases militares sería de difícil encaje en esa lista de precedentes.
No solo eso, sino que hay una diferencia entre bloquear a ciertas personas, o una lista concreta de empresas, o a unas instituciones estatales, y aplicarlo a un país de 50 millones de personas y a todo el tejido de dicho país. Una aplicación tan amplia es algo que nunca se ha hecho, y desataría un caos económico y administrativo adicional, especialmente contra un aliado, miembro de la UE y que resulta una pieza muy importante en la OTAN.
En todo caso, el Congreso podría anular esta orden en cualquier momento por mayoría de dos tercios. Pese a que el Partido Republicano ha mantenido un cierre de filas en general, las implicaciones políticas y comerciales de una decisión así serían un salto cualitativo. Y las probabilidades serían mayores si los demócratas se hacen con el control de las dos cámaras en las elecciones legislativas de noviembre, una posibilidad real con las encuestas de intención de voto actuales.
Los efectos de un embargo
Aunque habría que leer la letra pequeña, los efectos de un embargo como el que ha amenazado Trump serían un ‘shock’ para la economía, pero también para EEUU. Las exportaciones de España a EEUU son de unos 16.000 millones de dólares, pero las ventas de empresas estadounidenses a España son de más de 30.000 millones. Además, las firmas de EEUU han invertido unos 7.000 millones en inversión extranjera directa en España en cada uno de los últimos años.
El efecto de un embargo sería radical: Google, Facebook o Apple tendrían prohibido vender sus productos en España. Todas las suscripciones a Office o Windows se cancelarían, WhatsApp se apagaría, Amazon tendría que abandonar el país. La banca española perdería la capacidad de operar en dólares, y cualquier persona vería cerrada su capacidad de invertir en activos estadounidenses. Iberia, socio comercial de American Airlines, no podría viajar a EEUU. El shock financiero y comercial no tendría precedentes. La amenaza es tan delirantemente radical que resultaría increíble que las grandes multinacionales estadounidenses no presionaran a Trump.
La Comisión Europea ya ha advertido de que defenderá a España y exigirá que EEUU “cumpla sus compromisos comerciales”, ya que hay un acuerdo comercial firmado entre ambos bloques. Expulsar a España del mismo e intentar usar una ‘bomba atómica económica’ sin precedentes históricos contra un país miembro pondría a los Veintisiete en un brete.
Es posible que esta amenaza acabe en un cajón, junto a la del arancel del 5%, cuando las consecuencias reales de tal movimiento se pongan sobre la mesa. Pero el mero hecho de que Trump esté amenazando con la “destrucción económica” de un país aliado de la OTAN ya deja claro que el presidente ha entrado en un mundo sin precedentes.