El Govern sella el primero de los dos acuerdos que necesita para sacar adelante los presupuestos en Cataluña. A la espera de desencallar el sí quiero de ERC, Salvador Illa presentó este miércoles su pacto con los Comuns, que implica limitar la compra de vivienda que no sea para residir en ella o para un cierto abanico de usos. La medida se dirige a los grandes tenedores y esperan que entre en vigor en un máximo de seis meses porque pretenden tramitarlo por vía de urgencia, algo para lo que republicanos deberían dar su visto bueno. Y aunque la medida bebe de la propuesta presentada por la formación que lidera Jéssica Albiach hace un año incorpora cambios. Un ejemplo: afectará a las viviendas recibidas en herencia.
Esencialmente, Cataluña pretende que los grandes tenedores -aquellos que cuentan con cinco viviendas o más- no puedan comprar si no es para utilizarse como residencia. En cambio, sí podrían adquirir edificios completos, aunque deberán destinarse a alquiler con el precio regulado por la ley de vivienda.
Estos grandes propietarios solo podrían comprar si pueden acreditar ante notario que residirán en el inmueble adquirido. Para certificarlo, deberán estar empadronados en la vivienda en un plazo máximo de un año. Mientras, los pequeños propietarios podrán adquirir hasta cuatro pisos siempre que sean para ellos mismos, para un familiar de hasta segundo grado o para alquilarlos a precio regulado.
Además, la norma afectará, de ser aprobada, a las herencias, algo que no sucedía en las anteriores propuestas instigadas por los Comuns. A partir de ahora, según consta en el texto, los herederos estarían obligados a vivir en el piso -ellos o un familiar-, venderlo o alquilarlo según el tope de rentas fijado en las zonas tensionadas. No lo podrían tener desocupado. La medida insiste en la voluntad del Ejecutivo de penalizar los pisos vacíos.
Más allá de esto, la propuesta pactada es menos severa que la iniciativa que promovían los Comuns. Esto se habría hecho para tratar de asegurar la constitucionalidad de la norma, algo que los expertos en el sector dudan. El Govern difundió una batería de informes jurídicos el pasado sábado para tratar de defender el encaje legal de la norma.
Su incumplimiento llevaría a sanciones que alcanzarían los 1,5 millones de euros. Sin embargo, deja una vía abierta para su seguimiento: serán los ayuntamientos los encargados de perseguir la vulneración de la norma. De hecho, la responsabilidad de aplicar la ley quedará en manos de los consistorios. Por ello, se abre la puerta a que localidades gobernadas por partidos contrarios a la medida no la apliquen.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se comprometió a tramitar la propuesta por vía de urgencia por lo que se debería aprobar antes de que finalice el mes de junio. El texto, de buen seguro, recibirá numerosas enmiendas del resto de grupos parlamentarios por lo que está por ver el redactado definitivo con el que ve la luz.
La sombra del Constitucional
A las enmiendas que habrá que sumar los recursos judiciales que recibirá. Òscar Gorgues, gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, sostiene que “difícilmente tiene un encaje constitucional”, en la medida en que “se está limitando el derecho a la propiedad y el derecho a la actividad económica”. Aún hay otro foco de conflicto: en principio esta norma se aplicará en Cataluña, aunque sin reciprocidad. Es decir, se impedirá que un ciudadano afincado en Madrid pueda comprar en Cataluña, pero en cambio los catalanes no tendrán ninguna restricción para comprar fuera de su comunidad autónoma.
“Desde el punto de vista constitucional puede ser discriminatorio, ya que rompe la unidad de mercado y vulnera los derechos de los ciudadanos que no sean catalanes. Debería estudiarse en profundidad, pero parece que rompe el equilibrio territorial y limita los derechos de los ciudadanos por cuestiones territoriales”, sostiene. En cualquier caso, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad solo está en la mano de actores políticos. El PP ya ha avanzado que piensa impugnar ante el TC la ley catalana de alquileres de temporada y habitaciones, que extiende el control de precios a ambas modalidades. Por ello, los populares parecen ser la formación con mayores números de elevar la proposición al Tribunal Constitucional.
Una vez atado el apoyo de los Comuns -que incluye también una batería de medidas en inversiones ferroviarias o en educación- Salvador Illa deberá buscar también el respaldo de ERC, que ya ha advertido de sus exigencias. Y la pelota está en el tejado de Pedro Sánchez. El líder del partido independentista, Oriol Junqueras, señaló esta misma semana que para tener presupuestos en Cataluña el PSOE deberá “desatascar el camino” para el traspaso de la gestión del IRPF a la Generalitat. Para lograr este propósito resulta indispensable una votación en el Congreso de los Diputados que modifique la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).